El Gobierno del Estado ha cumplido a cabalidad la sentencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desde el año 2012, la cual obligó a las autoridades estatales a constituir el Consejo Consultivo Regional del Fideicomiso Barrancas del Cobre, con la debida participación de comunidades indígenas afectadas por el proyecto.
Siete años después y sin que el anterior gobierno asumiera las obligaciones fincadas, el pasado 29 de marzo, el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Chihuahua, determinó que el Gobernador Constitucional del Estado, Javier Corral Jurado ha dado total cumplimento a la sentencia referida.
El litigio inició en el año 2010, cuando la primera y segunda gobernadora de la comunidad indígena Huitosachi, promovieron demanda de amparo, al considerar que no se tomaba en cuenta a las comunidades indígenas asentadas en la zona de influencia del proyecto turístico Barrancas del Cobre, por lo que la SCJN atrajo el caso y el 14 de marzo del 2012 resolvió a favor de la comunidad quejosa.
Este resultado judicial marca un precedente relevante para el Gobierno de Chihuahua, pues la Secretaría General de Gobierno, por conducto de la Dirección General de Normatividad, logró coordinar a los grupos involucrados y obtener el cumplimiento a través de los siguientes puntos:
1.- La constitución del Consejo Consultivo Regional del Fideicomiso Barrancas del Cobre.
2.- La participación de los representantes de la comunidad quejosa, en el citado órgano.
3.- La actuación del Consejo Consultivo, como un órgano de planeación para lograr un desarrollo integral equilibrado, justo y sustentable, en la zona de influencia del fideicomiso.
Esto se logró por la actual administración desde el 9 de septiembre de 2017, en la sesión de instalación del multicitado Consejo Consultivo presidida por el Gobernador del Estado, durante la cual se aprobaron las Reglas de Operación de dicho órgano con apoyo de la Secretaria de Innovación y Desarrollo Económico y la Comisión Estatal para los Pueblos Indígenas.
El acto se llevó a efecto en el poblado de Creel, municipio de Bocoyna, donde se contó con la participación de 11 autoridades estatales, 10 autoridades federales, nueve presidentes municipales; 12 organizaciones y asociaciones civiles, ocho ejecutivos de empresas de prestación de servicios turísticos, comercio y transporte, así como representantes de 31 comunidades indígenas, ejidos y poblados.
La Secretaría General de Gobierno, a través de la Dirección General de Normatividad, la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico, así como la Comisión Estatal para los Pueblos Indígenas (COEPI), han dado seguimiento a la ejecución de los programas.
Hasta la fecha, se han celebrado cinco sesiones del Consejo Consultivo del Fideicomiso Barrancas del Cobre, donde se han analizado y tomado resoluciones en torno a las necesidades de las diversas comunidades que pueden recibir el impacto y el beneficio de la actividad turística que genere dicho proyecto.
“Con independencia del mandato de la Corte que debió cumplirse de manera inmediata, la actual administración asumió el compromiso de atender las demandas de los pueblos originarios de la entidad, con un sentido de justicia y de vocación de servicio, y de abatir el rezago social que les afecta”, indicó el titular de la Dirección General de Normatividad de la Secretearía General de Gobierno, Francisco Javier Corrales Millán”.
