En mi columna pasada, “El costo del silencio”, reflexioné sobre cómo, como sociedad, hemos aprendido a callar. Hablé de ese mutismo que, por miedo o costumbre, termina por normalizar la violencia y convertirnos en cómplices involuntarios de la injusticia. Pero hay un silencio aún más grave y con consecuencias más profundas: el silencio de las instituciones.
Cuando una persona calla, puede ser por temor o resignación. Cuando una comunidad guarda silencio, puede deberse al cansancio o a la desesperanza. Pero cuando las instituciones callan, ese silencio se convierte en una traición a la confianza pública. Porque el mandato de toda institución —ya sea un tribunal, una fiscalía, un congreso o un gobierno local— es proteger y representar a la ciudadanía. Y cuando callan, no lo hacen de manera inocente: lo hacen para proteger privilegios, para evitar responsabilidades o para mantener intactas estructuras de poder que deberían ser cuestionadas.
Las instituciones no solo callan: también silencian. Silencian con trámites interminables que desalientan la denuncia. Silencian con expedientes que se guardan en archiveros sin resolverse. Silencian con discursos que minimizan la magnitud de los problemas. Silencian cuando convierten la justicia en un proceso selectivo, que avanza rápido para unos cuantos y se eterniza para la mayoría. Y en ese proceso, las voces ciudadanas terminan apagadas, invisibilizadas, sin eco en los espacios donde deberían tener fuerza.
Esa costumbre institucional de apagar las voces contrasta con lo que acabamos de vivir como nación: un septiembre que hizo historia al recordarnos el poder de la voz cuando se usa con valentía. Este septiembre vivimos un momento histórico: por primera vez en más de dos siglos de vida independiente, una mujer presidenta encabezó el Grito de Independencia. Escuchar su voz resonar desde Palacio Nacional fue un símbolo poderoso de cambio, de inclusión y de la voz femenina que durante siglos fue marginada en la política. Ese grito fue más que un acto protocolario: representó la posibilidad de un país que empieza a reconocer en serio la igualdad y la diversidad.
Pero ese eco patriótico no puede quedarse en la emoción de una sola noche ni en la espectacularidad de un desfile. El verdadero reto está en que las instituciones hagan suyo ese grito y lo conviertan en acciones. Porque el patriotismo no es solo ondear la bandera o cantar el himno: es garantizar que la justicia funcione, que la corrupción no sea tolerada, que la seguridad sea un derecho y no un privilegio. El grito de independencia de nuestra primera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo quedará en la historia, sí, pero su fuerza dependerá de que las instituciones lo respalden con hechos.
De nada sirve que el país entero coree “¡Viva México!” si al día siguiente los reclamos ciudadanos son recibidos con indiferencia. No basta con conmemorar a los héroes de la independencia mientras las fiscalías callan frente a los feminicidios, los congresos guardan silencio ante la corrupción y las autoridades locales desatienden las necesidades más básicas de la gente. Esa contradicción duele: se grita con fuerza hacia afuera, pero se calla con comodidad hacia adentro.
El silencio institucional tiene un costo demasiado alto: erosiona la confianza en el Estado, normaliza la impunidad y condena a la ciudadanía a la frustración. Y ese costo lo pagamos todos, especialmente los más vulnerables, que son quienes más necesitan instituciones sólidas y comprometidas. Cada vez que una denuncia queda sin respuesta, cada vez que una auditoría se entierra en el olvido, cada vez que un reclamo ciudadano es ignorado, el mensaje que se envía es claro: “tu voz no importa”.
Sin embargo, también es cierto que los tiempos que vivimos nos dan motivos para la esperanza. La renovación del Poder Judicial y la expectativa de un cambio de gobierno en el estado abren la posibilidad de nuevas dinámicas, de instituciones más sensibles y más cercanas a la gente. Si esos cambios se traducen en voluntad real, podría romperse la inercia del silencio y abrirse paso un tiempo en el que la voz ciudadana no solo se escuche, sino que sea tomada en cuenta.
Hoy que vivimos un Grito histórico, no podemos permitir que las instituciones continúen silenciando. La verdadera independencia se honra con hechos, con valentía institucional y con decisiones que pongan al ciudadano al centro. Porque como lo dije antes: el costo no está en lo que decimos, sino en lo que callamos. Y cuando son las instituciones quienes callan —o peor aún, quienes nos hacen callar— ese costo se vuelve insoportable para una nación que merece libertad, justicia y dignidad.
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