La caída del helicóptero en que murieron la gobernadora de Puebla Martha Erika Alonso, su esposo el senador Rafael Moreno Valle y tres personas más, se debió a dos tornillos que estaban flojos y a la falta de mantenimiento, de acuerdo con el peritaje final del accidente.
En el peritaje que duró un año y tres meses se determinó que dos tornillos mal ajustados en uno de los “actuadores lineales de alabeo” pudieron desprenderse y provocar un corto en ese sistema vital para mantener el control de la aeronave.
“¿Qué ocurre cuando estos tornillos están sueltos, están bailando, por así decirlo, con las vibraciones del helicóptero y pueden estar haciendo contacto con esas terminales?
“¿Qué pasa cuando un tornillo como éste está pegando en cualquiera de estas terminales? Si une dos terminales, hay ahí pequeños cortos”, explicó Carlos Morán, subsecretario de Transportes y encargado de dar seguimiento a las investigaciones del accidente.
Esos cortos hicieron que el helicóptero perdiera el control, que virara hacia la izquierda y cayera invertido la tarde del 24 de diciembre de 2018 cerca de Huejotzingo, Puebla.
Desde 2018 se había detectado una falla en los actuadores lineales de alabeo, y la empresa fabricante recomendó por escrito que la aeronave no volara en tanto la falla no fuera subsanada.
Pese a ello la compañía Servicios Aéreos del Altiplano mantuvo en operación el helicóptero, de forma irregular.
“La aeronave realizó 31 operaciones de vuelo, estaba en violación de la normatividad”, sentenció el funcionario.
Con este dictamen, de acuerdo con Javier Jiménez Espriú, Secretario de Comunicaciones y Transportes, se descartan las hipótesis de atentado en contra de la gobernadora o de su esposo.
“Durante la investigación de los restos, no se hallaron indicios de materiales ajenos al propio helicóptero, no había aves ni pedazos de aves ni proyectiles, ni evidencias de daños que acrediten que existió un posible acto de sabotaje o de explosivos”, enfatizó.
El dictamen final será enviado por la Secretaria de Comunicaciones y Transportes a la Fiscalía General de Puebla y a la Fiscalía General de La República para que determinen las responsabilidades penales del caso.
