El pasado domingo 18 de enero, en Ciudad Juárez, decenas de mujeres y hombres volvieron a tomar las calles en lo que llamaron “Rodada de los girasoles” para recordar a Isabel Cabanillas.
No fue una marcha más: fue una forma de decirle al poder que este caso sigue abierto, que el dolor sigue vivo y que la justicia sigue pendiente. La presencia constante de su nombre en el espacio público es una evidencia clara de que la herida sigue abierta en la conciencia colectiva de esta frontera.
Y es que Isabel no fue una víctima cualquiera.
Isabel Cabanillas de la Torre tenía 26 años. Era artista, diseñadora y activista feminista. Participaba en colectivos que visibilizaban la violencia contra las mujeres en esta región, y acompañaban a otras en la búsqueda de justicia. Su trabajo no era solo protesta: era organización social, creación de redes y resistencia frente a una realidad donde el feminicidio ha sido parte de la historia de Ciudad Juárez.
El 18 de enero de 2020 fue asesinada a balazos cuando regresaba a su casa en bicicleta, en pleno centro de la ciudad. Su cuerpo quedó tirado en una zona que incluso había sido promovida por el propio gobierno como un “corredor seguro” para mujeres. Ese hecho convirtió su muerte en un símbolo inmediato: una activista asesinada en un lugar que, en teoría, debía protegerla.
Ahí comenzó la indignación social que hasta hoy no termina.
Porque lo que volvió emblemático este caso no fue solo el crimen, sino la respuesta institucional.
Durante años, la investigación avanzó con lentitud y confusión. Se filtraron versiones que intentaban vincular su asesinato con actividades ilícitas, desviando la atención y lastimando aún más la memoria de Isabel.
La familia tuvo que luchar no solo por justicia, sino por dignidad. En lugar de una investigación sólida y transparente, se encontraron con silencios, cambios constantes de funcionarios y una falta de claridad que debilitó la confianza ciudadana.
Y ese es el verdadero trasfondo político del caso. Cuando una mujer activista es asesinada y el proceso de justicia se estanca, no se trata únicamente de un expediente pendiente: se trata de la capacidad del Estado para proteger a quienes levantan la voz. El caso de Isabel expone la fragilidad institucional de Chihuahua frente a la violencia de género, y evidencia que el problema no es la falta de leyes, sino la falta de resultados.
Hoy, seis años después, se habla de avances y de una reclasificación del caso como homicidio por razones de género. Es un paso importante, sí, pero insuficiente cuando todavía no hay responsables detenidos. El reconocimiento jurídico no sustituye la justicia material. Mientras no haya castigo, la impunidad seguirá siendo el mensaje.
Y ahí es donde este tema deja de ser solo social y se convierte en un reclamo político directo, porque la justicia no es opcional. Es una obligación.
Si bien a nivel nacional se han impulsado políticas para atender la violencia contra las mujeres, la realidad es que la coordinación entre los distintos niveles de gobierno sigue siendo una tarea pendiente. En el caso de Isabel, la responsabilidad principal recae en las autoridades estatales encargadas de la investigación, pero también deja claro que el sistema de justicia en su conjunto necesita dar resultados reales. La sociedad no está pidiendo discursos: está pidiendo detenidos, sentencias y garantías de no repetición.
Las marchas como la del domingo no son solo actos simbólicos. Son una advertencia de que la ciudadanía no va a olvidar ni a soltar este caso. Son un recordatorio de que en Juárez, la violencia contra las mujeres no es una estadística, es una realidad cotidiana que exige acciones firmes y visibles.
Isabel hoy representa la exigencia de un pueblo que pide algo básico: que la vida de las mujeres en esta frontera valga lo suficiente como para ser defendida con hechos y no solo con palabras. Su nombre se ha convertido en una bandera de lucha, pero también en un espejo incómodo para las instituciones.
Porque mientras el nombre de Isabel siga siendo consigna y no sentencia, el Estado seguirá en deuda con las mujeres de esta frontera.
La memoria de Isabel no pide homenajes: exige justicia.
Y hasta que esa justicia llegue, Ciudad Juárez no dejará de recordarle al poder que aquí la dignidad no se negocia.
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