Mucho se ha escrito ya sobre el linchamiento del ladrón en la combi.
Hay quien lo festeja y se congratula de la justicia sumaria y quien defiende la noción estricta del estado de derecho contenida en el célebre artículo 17 constitucional que la prohíbe.
Hace casi veinte años, Carlos Monsiváis escribió: “¿Por qué la masificación del linchamiento? Insisto, ésta es una situación absolutamente latinoamericana: en Perú, en Bolivia, en Guatemala, en Honduras, en El Salvador, en Ecuador, existen climas semejantes. El linchamiento se masifica, fundamentalmente, por el entrecruce entre la vuelta a la barbarie, como signo de afirmación justiciera, y el crecimiento de las tasas de homicidio”.[1]
En veinte años, nada ha cambiado. Ese sentimiento de revancha e impotencia (o viceversa) continúa intacto y sólo se explica por la frustración colectiva frente a una bárbara impunidad que, en México, alcanza niveles insólitos cercanos al 99% (98.7%).[2]
Con datos de hace apenas cinco meses —es decir, el Cabeza de Cotonete parado ya gobernaba, a quince meses de que asumiera el poder—, estas cifras demuestran de manera palmaria dos cosas: en materia de procuración de justicia las cosas continúan idénticas a como estaban en las administraciones pasadas (o peor) y el “pueblo bueno” brilla por su ausencia.
El sonoro, elocuente, sabio y pertinente “Fuchi Caca” presidencial nomás no funciona. No sirve para enfrentar al crimen organizado ni a la delincuencia común y corriente.
Como en el asunto de la pandemia, cuya curva ha descendido más veces que el Espíritu Santo, las declaraciones del Gobierno federal van por un lado y la realidad por otro. Exactamente a año y medio de haber entrado en funciones la actual administración (mayo de 2020), se suscitó el fin de semana más cruento, con 248 asesinatos;[3] y, por las mismas fechas, se señalaba como “un error crucial” la política del Cabeza de Pañal sin estrenar (la porquería la trae por dentro) por estimar que, si la Guardia Nacional no usaba la fuerza, el crimen organizado también haría lo mismo.[4]
No, no puede festinarse el linchamiento, el ladrón tenía derecho a un juicio justo donde se respetarán todas sus garantías jurídicas; pero tampoco puede perseguirse a los culpables, ese pueblo que ya demostró de qué es capaz en su bondad y sabiduría. Ni puede condenarse a quien harto ya, en su ignorancia y en su miseria, de ser víctima, pretenda convertirse en verdugo por sus propios fueros.
¿O qué esperaba el Presidente de la República con su Ley de Amnistía? Descarada invitación para que, bajo ciertas “circunstancias atenuantes”, se robe o asalte de manera impune a la población. El mensaje es claro: cualquier mexicano de bien está solo, constreñido a atenerse a sus propios medios.
Este gobierno necesita a delincuentes y criminales en las calles para engrosar las filas del clientelismo electoral o servir de agent provocateur, “porro”, activista o agitador.
A título de víctima o victimario, en la combi vamos todos.
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