Hace meses escribí sobre el caso del Crematorio Plenitud aquí en ciudad Juárez. Entonces, el hallazgo de 386 cuerpos en condiciones indignas estremeció a nuestra ciudad. No era solo una cifra. Eran historias, despedidas inconclusas, familias que confiaron en que el último acto hacia sus seres queridos sería respetuoso.
Hoy el caso vuelve a colocarse en el centro del debate. No porque haya terminado, sino porque sigue abierto. Y profundamente incompleto.
De los 386 cuerpos localizados, 191 han sido identificados oficialmente. Eso significa que 195 permanecen aún sin identidad confirmada. Casi la mitad.
Detrás de ese número hay familias que viven en pausa. Personas que no saben si las cenizas que recibieron corresponden realmente a quien lloraron. Hijos, madres, esposas que no han podido cerrar su duelo porque la incertidumbre lo impide.
Mientras tanto, la noticia que indigna no es solo jurídica, es simbólica: el propietario del crematorio obtuvo un amparo, recuperó su libertad y salió del país. Él es ciudadano americano, y según lo expresado por su defensa, analiza demandar al gobierno del estado por daño moral.
Daño moral.
La expresión resuena con una ironía dolorosa cuando todavía hay 195 cuerpos sin identificar.
No se trata de desconocer el derecho al debido proceso. Toda persona lo tiene. Ese principio es fundamental y debe protegerse siempre. Pero el problema aquí no es únicamente legal; es ético y estructural.
Porque este caso no nació en un tribunal. Nació en la omisión.
Un establecimiento que maneja restos humanos no puede operar sin supervisión constante. Requiere controles sanitarios, inspecciones periódicas, revisiones administrativas. Si durante tanto tiempo nadie detectó irregularidades de esta magnitud, entonces la responsabilidad no es exclusivamente individual.
Hay una falla institucional que debe asumirse con la misma contundencia con la que se exigen responsabilidades penales.
Y hay otro elemento que tampoco puede ignorarse: el cuidador del lugar falleció antes de enfrentar cualquier proceso. Para él, la justicia —ya fuera condena o absolución— nunca llegó. Su muerte cerró una línea de investigación y dejó más interrogantes abiertas.
Así, el caso se fragmenta: un propietario libre, un trabajador fallecido, casi la mitad de los cuerpos aún sin identificar y familias atrapadas en medio de un proceso que avanza más lento que el dolor.
La justicia no es solo una resolución judicial. Es también verdad, reparación y garantía de no repetición.
Cuando una persona recupera su libertad, abandona el país y además anuncia una demanda por daño moral, el mensaje que percibe la ciudadanía es complejo. Sobre todo cuando todavía no se ha terminado de identificar a quienes fueron encontrados en condiciones indignas.
La discusión no debería reducirse a si el delito fue tipificado correctamente o si hubo fallas procesales. La discusión de fondo es otra: ¿qué sistema de supervisión permitió que esto ocurriera? ¿Qué mecanismos deben cambiar para que nunca más una familia dude de la despedida que dio?
En Juárez hemos aprendido a resistir. Pero resistir no debería significar acostumbrarnos.
La dignidad humana no termina con la muerte. Tampoco debería terminar la responsabilidad del Estado de garantizar que los servicios funerarios —que tocan uno de los momentos más vulnerables de la vida— se manejen con rigor y humanidad.
Hoy el caso sigue abierto, no solo en los tribunales, sino en la conciencia colectiva. Porque mientras 195 cuerpos esperan identidad, la justicia no puede declararse completa.
Y mientras las familias sigan esperando respuestas, ninguna demanda por daño moral podrá borrar la pregunta esencial que sigue sin resolverse:
¿Quién responde por ellos?
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