A continuación, se transcribe la presente
Lo que voy a decir tendría que escribirse en forma breve, pero no es cosa de empezar a mandar telegramas.
Como sea, por este medio emplazo a quien lo desee, a que me acompañe el próximo miércoles 14 de abril de 2021, a las 8.30 a.m., en las instalaciones de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), a fin de enterarlos de los pormenores de la denuncia que, en esa fecha, presentaré en contra del Lic. Javier Corral Jurado, en su carácter de Gobernador Constitucional del Estado de Chihuahua, y de algunos de los señores servidores públicos que le están subordinados jerárquicamente y lo acompañan en su encomiable labor (entiéndase contra Javier y sus achichincles).
El motivo ya lo había anunciado yo en alguna entrega previa: el acoso y las amenazas de que he sido objeto por parte del Gobierno del Estado. En efecto, con fecha 10 de marzo del 2021, el Consejero Jurídico de Gobierno del Estado, Lic. Jorge Espinoza (mejor conocido como “El Prudente Divino” o “El Onagro” —conste que este apodo se lo puso La Opción y en español significa: “asno salvaje o silvestre”—), presentó una queja administrativa en mi contra, por los supuestos ataques que he realizado en contra del Gobernador de Chihuahua.
Prueba de ello, es que en fecha 12 de marzo, en el sitio web del Gobierno del Estado, se publicó un comunicado donde da cuenta de ese hecho; y luego ya vinieron los canallitas a ponerse creativos y a festinar el arrebato, empezando por el lacayito de Palacio. ¡Salud!
El motivo de la denuncia que presento es muy simple y gira sobre un único eje: los actos de violencia institucional que el Gobierno del Estado ha realizado en mi contra y que violan en mi perjuicio lo dispuesto en el artículo 9 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, relativo al derecho fundamental de libertad de expresión; que, en lo conducente, prescribe:
“Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión.
Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o por la ley”.
Este derecho, aunque no es absoluto —todo sea dicho—, sí está ampliamente regulado, por decirlo de algún modo, en diferentes instrumentos. Destaco, vía ejemplo, la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión, a cargo de la Relatoría de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (OEA), cuyo Principio 1 apunta, en forma categórica, que: “La libertad de expresión, en todas sus formas y manifestaciones, es un derecho fundamental e inalienable, inherente a todas las personas”. Y abunda: “Es, además, un requisito indispensable para la existencia misma de una sociedad democrática”.
Más claro ni el agua.
No obstante, si el mandato anterior genera dudas, el Principio 2 consagra el derecho de que no puede coartarse la libertad de expresión en forma arbitraria; reza este en lo conducente esta prescripción: “Toda persona tiene el derecho a buscar, recibir y difundir información y opiniones libremente en los términos que estipula el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Todas las personas deben contar con igualdad de oportunidades para recibir, buscar e impartir información por cualquier medio de comunicación sin discriminación, por ningún motivo, inclusive los de raza, color, religión, sexo, idioma, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social”.
Continuar resultaría ocioso, en la denuncia detallo en forma minuciosa el régimen jurídico aplicable, dada la serie de ataques que el Gobierno del Estado ha dirigido en mi contra, en su intento fútil de coartar mi libertad de expresión. Confío en las instituciones y espero de la CEDH que actúe de manera pronta y expedita. No puede soslayar dicho órgano que a la actual administración le queda poco tiempo, poco menos de un semestre, y que es preciso mandar un mensaje claro a la ciudadanía en el sentido de que nadie puede estar, ni está, por encima de la Ley.
En este México, donde el Gobierno de la República manda al diablo a las instituciones a diario y la verborrea se ha convertido en la principal —por no decir la única— forma de gobernar, es preciso ilustrar con el ejemplo. No espero más, pero tampoco nada menos de este órgano, garante de los derechos humanos en la Entidad.
Si Dios quiere, nos vemos el miércoles en la CEDH y por aquí, el próximo lunes.
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Luis Villegas Montes.
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