Por Cruz Pérez Cuéllar
Con la dignidad por los suelos dejará Javier Corral las riendas del gobierno estatal, creó enormes expectativas en los chihuahuenses cuando se postuló para el cargo y terminó peor que aquellos malos gobernantes que tanto señaló durante sus años de tribuno. No sólo se evidenció así mismo, evidenció a muchos otros émulos suyos que dentro y fuera del PAN (al que pertenece la mayoría) despotricaban a diestra y siniestra contra aquellos que no pertenecían a su clan.
Son sepulcros blanqueados que les bastó una sola prueba para sacar el cobre, así lo hicieron y lo siguen haciendo en los estertores del malogrado quinquenio corralista.
Por supuesto que no generalizo, hay sus honrosas excepciones, quienes no se dejaron embelesar por las mieles del poder. Pero varios dejaron constancia de su veleidad, o cuando menos de su completa inacción; en este “año de Hidalgo” se están luciendo con desesperación notable, como lo condenaban en administraciones anteriores.
Llaman la atención varios casos, pero en esta ocasión quiero concentrar la atención (por lo grave del asunto) en uno en particular, el de Mónica Vargas Ruiz, la secretaria de la Función Pública, cuyo padre es Martín Vargas Téllez, muy cercano al gobernador.
Hace unos días El Diario publicó una investigación que descubría actos de corrupción o de influyentísimo al interior del gobierno estatal, con el ingreso de los progenitores de Mónica Vargas al sistema de Pensiones Civiles del Estado (PCE), situación que debe estar generando salpullido a más de tres burócratas o maestros de la esfera estatal, que no han sido admitidos en el privilegiado servicio de pensiones porque se sabe en quiebra, que mantiene adeudos multimillonarios, y que no es capaz de recibir a un derechohabiente más.
Pero más que la grosería de no haber admitido a muchísimos trabajadores del sistema estatal que, además de descontarles de su sueldo para un fondo de pensiones son enviados al Instituto Chihuahuense de la Salud (Ichisal), y en cambio haber recibido a un pariente de la titular de la SFP, son las irregularidades cometidas con ello, y que sea la encargada de velar por el buen manejo de los funcionarios públicos la que cometa el atropello.
Suena claramente a una burla en contra de los burócratas, pero también de los ciudadanos, porque la funcionaria no sólo no cuida los recursos públicos, sino que pervierte su función y se convierte en una saqueadora más. En la “Misión” de la Secretaría de la Función Pública se puede percibir el objeto de esta área y lo contradictorio que suena con la realidad: “…abatir los niveles de corrupción e instrumentar acciones para una eficaz y eficiente gestión gubernamental con servidores públicos profesionales e íntegros…”
Empleados con verdadero mérito y amplias necesidades se han acercado a solicitar su registro en los servicios de Pensiones Civiles del Estado, pero han sido bateados, porque… bueno debieron encontrar mil pretextos, además de los reales que ya de por sí son suficientes. Pero en el caso de la mencionada funcionaria estatal, hija del amigo de Javier Corral, inscribió a sus padres como dependientes económicos suyos, lo cual es falso porque se sabe que Martín Vargas tiene una empresa dedicada a la perforación de pozos agrícolas, de acuerdo a las investigaciones periodísticas realizadas, actividad a la cual le tomó gusto después de haber sido delegado de la Comisión Nacional del Agua en Chihuahua.
Además, en el reglamento de PCE se estipula que uno de los requisitos indispensables para otorgar la inscripción a los trabajadores o dependientes de los trabajadores del estado es que no posean ninguna propiedad, y el matrimonio Vargas-Ruiz tiene tres inmuebles, uno de ellos situado en una zona de alta plusvalía, como lo es San Felipe, en la Capital, otro al norte de la ciudad, y uno más de grandes dimensiones y que está inscrito en el Registro Público de la Propiedad como lote comercial.
Con los datos anteriores ya corroborados, se cae nuevamente la careta del mandatario y muchos de sus colaboradores y excolaboradores que no pierden el tiempo para infringir la ley, con la intención de ganarse algunos pesos de más o para mantener ciertos privilegios, que le son negados a los que realmente los necesitan.
Por este medio, y todavía en funciones de senador, anuncio que solicitaré la destitución de la funcionaria estatal, titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Chihuahua y se inicie la investigación correspondiente, afín de que responda a los señalamientos, que ha evadido en los recientes días, y se deslinden responsabilidades. Y también se liberen los espacios que ocupan los familiares de Mónica Vargas y se dejen en ellos a trabajadores o maestros que realmente lo necesitan.
Se sabe pues que la dependencia estatal se encuentra realmente con un déficit imposible de mantener, y demuestra que la corrupción que habría llevado a Pensiones Civiles a la quiebra financiera fue agravada por el actual gobierno, que siguió metiendo a la parentela de una clase privilegiada de este gobierno y ahora no es más que un botón de la degradación en que cayeron muchas otras de las instituciones durante el corralato, que se pensaba sería la salida a los excesos de los gobiernos anteriores, pero todo lo contrario, éste los superó.
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