Posteriormente, tras la aplicación de los protocolos de protección, quedaron a disposición del Instituto Nacional de Migración y se dio vista a la Fiscalía General de la República.
En la atención a este grupo de personas migrantes se contó con la colaboración de la Agencia Estatal de Investigación, de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, de la Comisión Estatal de Seguridad, de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, del DIF Estatal, así como de asociaciones civiles de albergues para migrantes.
En los albergues se les proporcionaron alimentos, hidratación, valoración médica y asistencia de manera voluntaria.
Luego de entrevistarse con cada una de las personas rescatadas y de la intervención del Instituto Nacional de Migración, se mantuvieron rondines de vigilancia en los albergues.
