Un documento de la corte federal del Distrito Sur de Florida, al que Aristegui Noticias tuvo acceso, detalla que, luego de una revisión minuciosa a las pruebas, incluida la solicitud de extradición del gobierno federal de México, existe una causa probable de que el acusado ha cometido los delitos.
Duarte Jáquez es acusado en México de 11 delitos, entre los que destaca el desvío de al menos mil 200 millones de pesos del patrimonio del estado de Chihuahua.
Duarte fue detenido el 8 de julio de 2020 en la ciudad estadounidense de Miami, Florida, luego de permanecer prófugo desde marzo de 2017, y ser buscado por la Interpol por el presunto desvío de mil 230 millones de pesos.
Durante la pasada administración federal, la entonces Procuraduría General de la República interpuso peticiones de extradición contra el exmandatario priista, a petición de la Fiscalía General de Chihuahua.
“Yo certifico que Duarte es extraditable en cuanto a esos delitos y ordeno que Duarte sea detenido en espera tanto de una revisión de la solicitud de extradición de México por parte del Secretario de Estado como de la posible entrega de Duarte a México”, dice el más reciente documento del caso.
De acuerdo con la acusación contra Duarte, mientras era gobernador, dirigió una serie de transacciones a través de las cuales él o su familia recibieron fondos del gobierno. Precisa que, a partir de junio de 2011, desvió ilegalmente fondos gubernamentales aprobados para fines agrícolas a empresas con las que se le relaciona, así como a su familia y a una compañía propiedad de su esposa.
La última de las supuestas transacciones se completó en diciembre de 2014 e involucró el desvío de más de 5 millones de pesos destinados a la compra de alimento para uso de los ganaderos, pero que, en cambio, terminó en una cuenta en poder de Duarte y luego fue utilizada para pagar sus impuestos.
El documento de la corte estadounidense detalla que, para evitar su extradición a México, el exgobernador priista argumentó que los cargos en su contra obedecen a una “persecución política” orquestada por rivales.
También señala que Duarte presentó evidencia “de que su vida podría estar en peligro” si era extraditado a México. “Estos argumentos se han sostenido para invocar consideraciones humanitarias”.
A pesar de que era buscado desde marzo de 2017 por la Interpol, y existía una orden internacional para su detención, durante su proceso judicial en Estados Unidos, Duarte argumentó que entró a Estados Unidos en busca de tratamiento médico y que permaneció “viviendo abiertamente y sin ningún esfuerzo por ocultarse de las autoridades”.
Sin embargo, la jueza determinó que existe evidencia preponderante de que el exmandatario salió de México en 2016 y permaneció en Estados Unidos con la intención de evadir la acción de la justicia en su país.
