Gracias por estar aquí, a pesar de tantos mensajes que en estos días nos llegaron para tratar de desmotivar la presencia libre y libertaria del pueblo de Chihuahua.
Gracias, también, a quienes han venido de otras partes del país, particularmente a quienes integran el Grupo Chihuahua, a solidarizarse con chihuahua.
Gracias a todas y todos los que nos siguen por redes sociales.
Hace exactamente tres meses nos reunimos en esta Plaza del Ángel y henos aquí de nueva cuenta, Pueblo y Gobierno, para refrendar un solo compromiso, en defensa de nuestra dignidad.
No nos dejaremos atropellar por el gobierno federal y no permitiremos que un régimen corrupto y corruptor, en plena decadencia, nos amedrente o trate de doblegarnos y mucho menos que pretenda burlarse de todos nosotros.
Porque la decisión más importante, la tomamos desde el primer día que llegamos de la mano del pueblo de Chihuahua al Gobierno del Estado: romper el pacto de impunidad y no permitir que los ladrones se salgan con la suya.
Teníamos razón cuando dijimos que el régimen político está agotado, no sólo es incapaz de solucionar la conflictividad social, de cumplir con sus fines específicos de dar orden social y político, sino que el Sistema no es capaz de combatir con eficacia a la corrupción porque brota inexorablemente de sus entrañas.
Porque las redes de corrupción política están amarradas en los más diversos ámbitos, social, económico y político, y tocan diversas instancias de los tres poderes, de los tres órdenes de gobierno. Y eso y no otra cosa es lo que se conoce como el “Pacto de Impunidad”.
Por eso, el gobierno de Peña Nieto ha sido incapaz de cumplir el más importante acuerdo que firmamos el 3 de febrero pasado y que nuestra Caravana por la Dignidad, Unidos con Valor, colocó como la demanda más importante de su travesía por el país: el proceso de extradición de César Duarte.
Están tan enredados en esa telaraña de corruptelas que se cometieron en Chihuahua, que hoy podemos decir que no sólo no han cumplido, sino que el gobierno de Peña Nieto protege abierta y descaradamente al prófugo de la Justicia y ha quedado de manifiesto que la firma del secretario de Gobernación, en quien habíamos confiado, vale menos que la hoja de papel en el que la estampó.
El 3 de febrero suscribimos el secretario de Gobernación y un servidor el acuerdo que contenía en su punto número uno, lo siguiente:
“La Procuraduría General de la República, de conformidad con sus obligaciones derivadas de tratados internacionales suscritos por el país, en las solicitudes de detención con fines de extradición en contra del ex Gobernador César Duarte Jáquez y, con objeto de garantizar celeridad y certeza en la impartición de justicia, ha comunicado que la Fiscalía General del Estado de Chihuahua acompañará y fungirá bajo la figura jurídica de coadyuvante, por las once órdenes de aprehensión que se han girado y las que se instruyan en estricto apego a la Ley, a las garantías constitucionales, a los convenios y tratados internacionales”.
Nada de coadyuvancia, al contrario, ha habido cerrazón. Nada de celeridad, nada de certidumbre jurídica, al contrario, se han convertido en un tortuguismo inconcebible, en una dilación que ya cumple un año de que presentamos la primera solicitud de extradición de César Duarte a la Procuraduría General de la República. La primera dilación se presentó cuando solicitamos formalmente la extradición a la PGR, el 31 de marzo del 2017.
No obstante, la Procuraduría remitió a la Secretaría de Relaciones Exteriores 10 meses después de haberla recibido, apenas a finales de enero del 2018.
La contribución que la Secretaría de Gobernación nos prometió para este procedimiento ha sido una fantasía, ya que la única información de los avances se ha transmitido de palabra, sin que se encuentre respaldada por documentos y cuando se ha solicitado copia de la documentación pertinente ésta se ha negado.
No nos han permitido ni siquiera conocer la manera en la que se han formulado las solicitudes de César Duarte, que en el Acuerdo de Gobernación, quedó inscrito que en esas solicitudes integrarían la figura de detención inmediata.
En este proceso nada de ello se ha cumplido, ni siquiera las multas que les aplicaron a nuestros fiscales, incluida la multa desorbitante, exagerada, que se le aplicó a nuestro fiscal general, César Augusto Peniche Espejel. No han sido retiradas.
Dice el Acuerdo de Gobernación, dice el documento suscrito:
“En tal virtud, una vez que se ha tenido el acuerdo, la Procuraduría General de la República nos ha informado que en estricto apego a la Ley, deja sin efecto las multas y apercibimientos que el día de ayer giró a la Fiscalía General de Chihuahua”.
Les informo que todo esto ha sido puro cuento. Es hora de que no solo se retiren las multas. Nuestros fiscales han tenido que ir a las instancias judiciales y administrativas para impugnar esas indebidas multas impuestas por la PGR como medida de intimidación y amedrentamiento a nuestros fiscales.
La PGR en este proceso de extradición, o la caricatura de PGR en la que han convertido a esta institución, ha faltado a su deber de proporcionar información veraz a la sociedad sobre las solicitudes de extradición. A los medios ha reportado avances en la entrega de solicitudes que no coinciden con la realidad.
Tal es el caso del comunicado de fecha 1 de marzo de 2018, en donde se indicó que “se han presentado ocho peticiones formales de extradición por conducto de la Secretaría de Relaciones Exteriores, a las autoridades del país con el que se tiene suscrito dicho tratado”, cuando en realidad, solo habían hecho cinco entregas y al día de hoy, únicamente se han remitido a los Estados Unidos, seis.
No las once que pactamos, ni siquiera las ocho que ellos iniciaron hace más de un mes, como incluso lo desmintió el propio embajador de México en los Estados Unidos, Gerónimo Gutiérrez, en entrevista con la periodista Carmen Aristegui.
No sólo nos están “chicaneando” el proceso de extradición de César Duarte, sino que lo han parado en tres asuntos, que son los asuntos más relevantes del saqueo impúdico que hicieron del dinero del Pueblo de Chihuahua.
Los tres asuntos de mayor cuantía y precisamente los que involucran a personajes cercanos al Presidente de la República, y que son al mismo tiempo, las carpetas que acreditan distintos desvíos no sólo para el enriquecimiento personal del exgobernador y sus cómplices, sino para apoyo de campañas políticas en este Estado, en otras entidades del país y la que fue su caja chica para comprar voluntades y silencios.
Las tres carpetas que tienen detenidas, es precisamente el tema de Educación que acaba de atraer un juez federal con aval de un Tribunal Colegiado a la Ciudad de México, por 250 millones.
Y luego, el caso de los 380 millones de pesos de la empresa conocida como Online, lo que fue en realidad la caja chica de César Duarte.
Y el otro caso, conocido como la empresa Kepler, por otros 120 millones de pesos. Solo estos tres casos ascienden a un moto de 750 millones de pesos. Dinero que le robaron al Pueblo de Chihuahua, dinero con el que se pudieron hacer muchas cosas para mejorar la vida de los chihuahuenses.
Comprar medicinas, mejorar los hospitales, construir más escuelas, otorgar becas, generar vivienda y que fue a parar no solo a los bolsillos del exgobernador y sus cómplices, sino también para fines políticos electorales.
Estos tres casos están detenidos por la PGR, esperando que haya más jueces federales, más tribunales colegiados, que avalen que estos asuntos estén bajo control de la Federación.
Porque la operación del Gobierno de Peña Nieto ha sido descarada. La PGR y su encargado, no sólo han actuado en componenda con la defensa de Alejandro Gutiérrez Gutiérrez para jalar el caso a la Ciudad de México, donde encontraron un juez a modo y un Tribunal Colegiado que los avalara, sino que al mismo tiempo que “chicaneaban” el proceso de extradición, cínica y descaradamente exoneraron a César Duarte y la PGR dio carpetazo en marzo a la averiguación de lavado de dinero, de delito bancario, de defraudación fiscal, en contra del ex gobernador, luego de que la Unidad Especializada en Análisis Financiero de dicha dependencia, determinara que no encontró elementos que acreditaran que Duarte adquirió el 15 por ciento de las acciones del Banco Progreso.
Este fue sin duda alguna, un mensaje brutal de impunidad y de exoneración que claramente nos mostró que no sólo no cumplirían el acuerdo del 3 de febrero, sino que el Presidente de la República no supera el compromiso político de protección que tiene con Duarte, porque la robusta carpeta de investigación que se había presentado tenía suficientes elementos probatorios y aún así fue rechazada.
De manera vergonzosa, el encargado de la investigación en la PGR, se encargó de ir justificando los ingresos del exgobernador, en lugar de investigar a fondo las acusaciones planteadas en la denuncia presentada hace más de tres años por el licenciado Jaime García Chávez y que fue la denuncia que lanzó a la fama de bandido, a César Duarte Jáquez.
La PGR simplemente no quiso investigar en relación con el origen lícito o ilícito, de los fondos que integraron la súbita fortuna personal de Duarte, que hasta de un Banco se hizo y se pasaron por el “arco del triunfo”, los protocolos estipulados en los compromisos internacionales para investigar los casos de corrupción.
Y en ese mismo contexto y no es en otro, es donde se coloca la resolución del Décimo Tribunal Colegiado de Circuito en la ciudad de México en Materia Penal, al arrebatarnos el caso de Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, el exsecretario general adjunto del PRI, durante la Presidencia de Manlio Fabio Beltrones, y que es la pieza clave de la “Operación Zafiro”, que desvió cientos de millones de pesos de diferentes estados del país para fines político electorales.
El caso que tiene muy nervioso a Peña Nieto desde el primer momento en que detuvimos a Alejandro Gutiérrez y por eso se llevaron el caso a México, y por eso también quieren llevarse allá al detenido, porque Peña lo quiere bajo su control, para asegurarse que no vaya a decidir nada que los pueda comprometer, porque ellos saben que la cárcel dobla la más férrea complicidad, la prisión debilita las lealtades entre corruptos.
En la protección que el gobierno de Peña Nieto está brindando a César Duarte y sus cómplices, en realidad se están protegiendo a sí mismos, se están blindando y tratan de cerrar lo más posible los casos que los puedan alcanzar.
Saben que ya se van, que les quedan ocho meses y van a tratar de descargarse lo más que puedan, por eso están radicando -escuchen lo que les voy a informar-, también con el aval de otro Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Penal pero ahora en el Estado de México, los amparos que César Duarte ha presentado en contra de las once órdenes de aprehensión dictadas por jueces de Chihuahua.
Ni más ni menos que, en la tierra de Peña Nieto, se va a resolver la legalidad de las órdenes de aprehensión de un prófugo de la justicia, que el mismo Gobierno federal sabe que se encuentra en los Estados Unidos y no en el Estado de México.
Que el mismo Gobierno federal ha conducido allá algunas de las solicitudes de extradición porque tiene la certeza de que se encuentra refugiado en esa nación.
Lo que hemos vivido, paisanas y paisanos chihuahuenses, distinguidos invitados, lo que hemos vivido para darle justicia a Chihuahua ha sido una escalada de embates y burdas maniobras para tratar, no sólo de frenar nuestra lucha contra la corrupción, sino de descalificarla y, peor aún, de detener la acción de la justicia en contra de los responsables del desvío de millones de pesos, que estaban destinados para el beneficio del Pueblo de Chihuahua.
El Gobierno federal se quiere burlar del Pueblo de Chihuahua, pero no sabe de qué está hecho el Pueblo de Chihuahua, jamás nos vamos a rendir.
Por eso mismo, debemos continuar con esta lucha porque estamos sentando un precedente como ningún otro Estado lo había hecho, como ningún otro gobierno lo había hecho.
Si nosotros nos rendimos, si nosotros callamos y nos volvemos cómplices, estaríamos de nueva cuenta permitiendo que sometan a este pueblo que ya ha sufrido tanto, tanto saqueo, tanto agravio, como los mexicanos que han sufrido muchos agravios sistemáticos.
¿De qué sirve o para qué sirve a un gobernador, caerle bien a los amos y señores, al presidente de la República? ¿De qué le sirve bajar la cabeza, recoger las migajas del presupuesto, asegurar un puesto o que no se metan con uno, si después no puede uno salir a la calle a ver a su Pueblo? ¡Y yo puedo salir con la frente en alto a ver la de cara al Pueblo de Chihuahua!
Estoy seguro y lo sé muy bien, que eso es lo que más odiamos todos nosotros de la mala política y de los malos políticos: las complicidades, las mentiras, el robo de su dinero, de sus impuestos, que han agudizado los problemas sociales.
Ustedes lo saben bien, en la corrupción política está la explicación de muchos de nuestros problemas, el de la pobreza, el de la desigualdad, por supuesto, el de la inseguridad, el de la violencia política y el de la violencia criminal de las mafias del narcotráfico.
La corrupción es el mal de males, porque todo lo carcome y porque destruye la confianza de la gente, porque la corrupción termina enajenando el sistema de medios, que hace que ustedes no se interesen por estos temas o que mucha gente pierda la esperanza para únicamente someterlos y que ellos se sigan sirviendo del Pueblo.
Nuestro gobierno es diferente. Nosotros no nos burlamos de la gente, ni la usamos, ni nos queremos robar su dinero para comprar mansiones o depositar millones de dólares en cuentas bancarias de islas lejanas, con el sudor de la frente de cada uno de ustedes.
Nosotros no tenemos esa inmoralidad, ni fuimos formados así, nosotros no hemos venido a destruir, hemos venido a construir de la mano del Pueblo de Chihuahua, junto con él, porque nuestro gobierno es un gobierno honesto, porque nosotros los que queremos cambiar la historia de este país, porque queremos gobernar democráticamente y gobernar así tiene como primer y principal compromiso, hacerlo de manera honesta, que nadie se deje confundir por esas campañas de mentiras, de calumnias, de descalificaciones, incluso los que dicen “ya dejen el caso de Duarte y dedíquense a gobernar”, como si gobernar no fuera luchar por la justicia, combatir la corrupción y la impunidad.
Gobernar hoy, democráticamente, es un llamado a combatir la impunidad y gobernar para el pueblo de Chihuahua, contratando a los honestos, pero no lo podemos hacer solos.
Dije en el video con el que los invité a que acudieran libremente a esta reunión, porque nunca vamos a permitir caer en el error de otros, a nadie se le ha forzado a estar aquí, a nadie se le ha obligado o a nadie se le ha acarreado. Los que estamos aquí estamos por voluntad libre y soberana como Pueblo de Chihuahua.
Digo que no podemos solos. Necesitamos ya el apoyo de toda la nación; necesitamos que la causa de Justicia para Chihuahua sea victoriosa, no porque estemos empeñados solo en llevar a la cárcel a los que saquearon este Estado, sino para recuperar el dinero robado, el dinero tuyo, como acaba de decir una persona aquí: “nuestro dinero”.
Porque lo que nos han robado son nuestros impuestos. Es el dinero que debió servir para atender las necesidades más urgentes de los chihuahuenses.
Porque, lo vuelvo a repetir ahora, en el centro de nuestra batalla, no solo está reivindicar la política, sino hacerla verdadera justicia frente a quienes roban desde el Gobierno.
Porque robar desde el Gobierno tiene una significación mayor, una trascendencia dramática mayor, no solo se roban unos pesos, no solo se roban miles de pesos, o millones, o miles de millones de pesos, se roban los sueños, los derechos, las oportunidades, la esperanza de la gente.
El que roba desde el Gobierno se roba la esperanza de la gente y por eso es tan importante que nuestra causa, que nuestro movimiento, que la Operación Justicia para Chihuahua, no fracase. Que el Pueblo de Chihuahua la respalde como uno solo.
Gracias, muchas gracias. Me siento muy fortalecido.
La acción justiciera de nuestro gobierno, que quede muy claro, no obedece a un deseo de venganza, no nos animan esas mezquindades.
Muy lejos de la revancha política, muy lejos de la venganza personal, está nuestro propósito, pero tampoco nadie se confunda.
El objetivo fundamental de toda nuestra estrategia de lucha contra la corrupción y la impunidad, es obedecer el mandato inequívoco que el Pueblo de Chihuahua nos gritó con todas sus voces y en todos los rumbos: castigar a quienes lo saquearon, rescatar los recursos que se le robaron y aplicarlos para que la gente de Chihuahua tenga más y mejor desarrollo.
Y también, establecer un precedente que quede bien grabado en la mente y el corazón da cada habitante de nuestra tierra: a Chihuahua se le sirve con honradez, a Chihuahua no se le arrebata lo que le pertenece. A Chihuahua se le respeta.
Por eso, acepto de extraordinario ánimo, la convocatoria de Camilo Daniel. Por cierto quiero agradecer a Camilo, a Juan Carlos Sapién, a Patricia Hernández, a Gabino Gómez, por supuesto a Camilo, a Austria Galindo, todas las expresiones de afecto y de solidaridad.
Por supuesto, que ante las reiteradas agresiones de la pandilla alojada en los poderes federales y que encubre al prófugo César Duarte, hago el compromiso público de fortalecer y ampliar mi relación con el Pueblo de Chihuahua y voy a comenzar una gira de diálogo por los municipios de nuestro Estado.
Voy a exponer todo lo que hemos hecho en materia de justicia y sobre todo, voy a escuchar lo que me digan los diversos sectores, las regiones, las comunidades y los grupos sociales de nuestro estado.
Voy a actualizar las demandas, las esperanzas y también voy a escuchar las críticas a nuestro Gobierno. Porque la táctica de ellos es aislarnos del pueblo y negarnos los recursos para atender sus necesidades.
La estrategia de ellos es dividir, es confundir, e incluso es alentar a través de sus medios afines la angustia, el miedo, el terror, la zozobra.
Todo lo que estuvieron diciendo los días previos a esta Asamblea para desanimarnos, pero ya se pueden dar cuenta con la espléndida presencia de esta mañana soleada en la Plaza del Ángel, el talante del Pueblo de Chihuahua.
Y si la estrategia de ellos es aislarnos, la estrategia de nosotros será profundizar nuestras raíces y esforzarnos día con día para hacer efectivos los derechos de las y los chihuahuenses.
Y sin faltar un minuto a nuestras obligaciones laborales para con Chihuahua, estaremos enviando a todos los estados y principales ciudades de la República, a varios de nuestros funcionarios, líderes sociales, económicos, políticos, a que celebren reuniones informativas e inviten a crear un gran movimiento nacional por la justicia contra la corrupción y por el respeto absoluto al federalismo.
Con la legitimidad que nos confiere el haber llegado hasta aquí por la voluntad de las y los chihuahuenses, quiero manifestar, con toda claridad, que si en algunas instancias del aparato judicial federal se manchan otorgando impunidad o buscando sanciones menores para César Duarte y sus cómplices o sus beneficiarios, vamos a emplear todos los medios que la Ley nos facilita para recurrir las sentencias corruptas y echaremos mano del amplio repertorio de acciones y estrategias de resistencia civil pacífica, que han generado los pueblos del mundo en su lucha por la Justicia.
Por ello, exactamente por ello, chihuahuenses los convoco a una siguiente etapa de nuestro movimiento, que es una etapa también de resistencia frente al embate, no solo para construir esta exigencia nacional de Justicia a la que hacía referencia la licenciada Patricia Hernández, sino también una estrategia de resistencia frente al embate de la Federación, para poner fin a la impunidad.
Vamos a desplegar una acción nacional de comunicación, lo más ampliamente posible, sobre el Caso Chihuahua, la trascendencia de sus investigaciones y vamos a explicarle al Pueblo de México, cada uno de los casos, cómo se fueron construyendo, a dónde se fueron los recursos y quiénes son varios de los implicados.
Vamos a discutir el Caso Chihuahua en todo el país. Empezaremos en nuestro estado colocando en todo espacio público o privado, en vehículos, en edificios, en portales, en papelería, en eventos, como lo habíamos dicho anteriormente, en recibos, en carteleras, de nueva cuenta la exigencia a Peña Nieto de “Extradición de Duarte ya. Justicia para Chihuahua”.
Desde ahora, los invito a todas y todos los chihuahuenses, a que desde hoy en todas las casas de nuestro estado coloquemos la bandera de Justicia para Chihuahua.
Retomaremos la integración de las dos misiones chihuahuenses que habíamos planteado en nuestra primera asamblea informativa y que tras el acuerdo del 3 de febrero pasado, se suspendieron.
La primera misión actuará a nivel nacional y se pondrá en contacto inmediato con organizaciones ciudadanas, gremiales, profesionales, académicas, empresariales y emprenderemos juntos acciones de información y apoyo al movimiento de Chihuahua contra la corrupción política, en todo el país.
Integraremos ya la misión especial que también habíamos planteado, para realizar una gira en los Estados Unidos y en algunos otros países donde tengan sede organismos internacionales que luchan contra la corrupción, a favor de la transparencia, de la rendición de cuentas y por los derechos humanos.
La misión especial a los Estados Unidos deberá rencontrarse con los chihuahuenses que viven allá y con todos los mexicanos que quieran solidarizarse con nuestra causa, para que acudan a los consulados mexicanos a solicitar la extradición de César Duarte. Empezaremos por el Consulado de México en El Paso, Texas.
Pediremos a nuestros paisanos chihuahuenses allá y mexicanos todos allá, aprovechar nuestro impulso por la Justicia para deplorar y rechazar el despliegue de la Guardia Nacional que el presidente de los Estados Unidos ha decretado en la frontera con México.
También, esta misión tendrá como propósito ponerse en contacto con organizaciones, medios de comunicación, actores políticos y sociales de aquel país, para explicar el Caso Chihuahua y solicitar el apoyo ante el Departamento de Estado y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos.
No dejaremos de recurrir a las vías legales para desahogar todos los cauces y recursos que podamos usar.
Y quiero aclarar con toda transparencia este punto. Ya sabemos que el presidente del Consejo de la Judicatura, que es al mismo tiempo el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha emitido un comunicado para avalar la conducta del juez federal Gerardo Moreno García y del Décimo Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Penal que avaló la atracción del Caso Gutiérrez a la ciudad de México, cuando ellos saben que los delitos se cometieron en contra del Pueblo de Chihuahua, que fueron investigados por chihuahuenses, que las órdenes de aprehensión fueron dictadas por los jueces chihuahuenses, que la víctima del delito es Chihuahua, que los ofendidos son los chihuahuenses.
Y no obstante, que saben todo esto, salieron el domingo pasado a adelantar su criterio.
No obstante que ya sabemos cómo van a resolver, vamos a presentar el día de mañana, a través de la Secretaría General de Gobierno, suscrito por un servidor, el recurso de queja que nos permite la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal ante el Consejo de la Judicatura, para impugnar la actuación de ese juez y también para impugnar la actuación de los magistrados que integran el Décimo Tribunal Colegiado de Circuito.
También, vamos a presentar un recurso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Presentaremos un recurso de revisión para que la Corte revise si la sentencia dictada por el Colegiado se dictó apegada a derecho, toda vez que el juez de control del Estado de Chihuahua, que fue el primero que previno la causa. El juez local había planteado ese conflicto competencial ante un Tribunal Colegiado Federal con sede en la ciudad de Chihuahua.
Que revisen los ministros de la Corte no solo los argumentos del juez, no solo los argumentos y las razones del Tribunal Colegiado, que también, revisen la forma, el proceso tan desaseado, tan burdo de como se llevaron ese caso.
En un solo día. En un mismo día, en cuestión de horas, un caso que regularmente tarda seis meses o un año, enlistaron, discutieron, resolvieron y notificaron la resolución del Tribunal Colegiado.
Queremos, que aunque ya sabemos la opinión del Presidente de la Corte y el resto de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que también se manifiesten y para ello abriremos a partir de esta tarde, una petición en la plataforma 6.org, para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación revise la sentencia de ese Décimo Tribunal Colegiado.
Vamos a invitar a todos los mexicanos a que se sumen a esta petición ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
En este recurso vamos a exponer los argumentos jurídicos para demostrar que el juez federal no es competente para conocer la causa penal. Que esta causa le pertenece al Estado, que tiene que revocar la sentencia de ese Colegiado y declarar competente al juez de Chihuahua.
Pero además, lo tenemos que hacer por una sencilla razón, porque si no encontramos justicia en México, iremos por justica al ámbito internacional.
Y precisamente porque tenemos que agotar las instancias locales, es que vamos a presentar estos recursos para luego poder ir ante instancias internacionales de derechos humanos, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para evitar que al Pueblo de Chihuahua se le burle de esta manera, le despojen el carácter de víctima en estos hechos.
A Peña Nieto, a quien le quedan ocho meses en el gobierno. A Peña Nieto que ya se va, le urge cerrar varios de estos asuntos, pero se le olvida que Chihuahua puede ser, frente a otros ofrecimientos de impunidad o de amnistía, el Estado que lo lleve a tribunales internacionales por obstruir la justicia y proteger la corrupción política.
A mediados del mes de mayo convocaremos al Encuentro Nacional Anticorrupción en el Estado de Chihuahua. Convocaremos a organizaciones civiles, empresariales, sociales, académicas y de toda índole, para articular y organizar el movimiento nacional en contra de la corrupción política que ofrecimos organizar en el Hemiciclo a Juárez el 4 de febrero pasado.
Vamos a constituir el foro nacional más vibrante, más informado, más engrosado, sobre los casos de corrupción política.
En este encuentro propondremos discutir no solo el Caso de Chihuahua, sino también la Casa Blanca de Peña Nieto; la Casa de Malinalco, de Luis Videgaray; el Caso de Odebbrech, OHL del Estado de México, la Gran Estafa, el socavón del paso exprés, esto es, los casos de la impunidad que ha llegado a niveles demenciales en esta Administración federal.
Amigas y amigos, sé que cuento con ustedes.
Nunca, nunca nos verá la Federación de rodillas. En Chihuahua la justicia llegará, siempre que la memoria no se rinda.
Nosotros nunca ofreceremos impunidad, perdón o amnistía, a los corruptos, a los mafiosos o a los narcotraficantes. Cuando del dinero del Pueblo o del Pueblo mismo se trate y el Pueblo jamás debe olvidar, porque el pasado malo que no se sanciona, vuelve indiscutiblemente.
Hemos acuñado una esperanza y esa es nuestra fuerza. Nuestra esperanza se ha vuelto invencible y cuando la esperanza se vuelve invencible, la victoria es definitiva. A esa victoria tiene derecho y por ella vamos a luchar, por la dignidad del gran Pueblo de Chihuahua.
