Desde Ginebra, Suiza, Carmen Rosa Villa Quintana, jefa del Comité contra Desapariciones Forzadas de la ONU, señaló que luego del estudio y la visita que hicieron el año pasado a nuestro país, se concluyó que entre 2006 y 2021 se produjo un crecimiento exponencial, 98 por ciento de casos de desapariciones forzadas que afectan principalmente a hombres de entre 15 y 40 años.
No obstante, las cifras oficiales, que hoy marcan más de 98 mil registros por desaparición, muestran un aumento notable de casos de menores de edad, adolescentes y mujeres, relacionados con el delito de trata de personas. Tendencia que se agudizó en el contexto de la pandemia.
En los últimos 5 años se registraron, en promedio, 8 mil nuevas desapariciones forzadas por año y durante las dos semanas que trabajó el Comité en México (del 15 al 26 de noviembre de 2021) se sumaron 112 reportes.
“Preocupa también al Comité la desaparición defensores de los derechos humanos en razón de su participación en los procesos de búsqueda y de lucha contra las desapariciones forzadas y la desaparición de más de 30 periodistas entre el 2003 y el 2021, ninguna de estas personas ha sido localizado y las investigaciones y sanciones a los responsables no ha tenido avances”, indicó.
Calificó a la delincuencia organizada como el perpetrador central de desapariciones en México, con diversos grados de participación u omisión de servidores públicos.
En este sentido, recordó que los Estados parte son responsables de las desapariciones forzadas cometidas por los servidores públicos, pero también pueden ser responsables de las desapariciones cometidas por organizaciones criminales, si resulta omiso.
La impunidad en México es un rasgo estructural que favorece la reproducción y el encubrimiento de las desapariciones forzadas y pone en peligro, causa zozobra a las víctimas, a quienes defienden y promueven sus derechos, a los servidores públicos que buscan a las personas desaparecidas y a la sociedad en su conjunto”, comentó.
Acompañada por integrantes de este Comité, la funcionaria de la ONU se refirió a la presencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, pues en los últimos años la CNDH ha emitido 162 recomendaciones a las secretarías de la Defensa Nacional y Marina por violaciones graves a los derechos humanos, 15 relacionadas con desapariciones forzadas.
“Al respecto, al Comité le preocupa el enfoque militarizado de la seguridad pública adoptado por el Estado para combatir la delincuencia, pues ha sido insuficiente e inadecuado en lo que atañe a los derechos humanos. El Comité reitera su recomendación de fortalecer las fuerzas civiles del orden y requiere al Estado parte a establecer un plan de retiro ordenado, inmediato y verificable de las fuerzas militares de las tareas de seguridad pública”, subrayó.
Agregó que, también, causan especial inquietud los casos de desapariciones de migrantes y la crisis forense que enfrenta el país, que, según datos oficiales, más de 52 mil personas fallecidas no identificadas se encuentran en fosas comunes, instalaciones de los servicios forenses, universidades y centros de custodia y almacenamiento forense.
En este Informe se ofrecen 10 medidas prioritarias que deberá tomar el Estado mexicano como política nacional de prevención y erradicación de las desapariciones forzadas:
Fortalecer las instituciones y los procesos de búsqueda
Garantizar la coordinación sistemática de las instituciones
Remover los obstáculos que impiden la judicialización de los casos de desapariciones forzadas
Atender debidamente las desapariciones ocurridas en el contexto migratorio
Facilitar los procesos de búsqueda, investigación, reparación y memoria relacionados con los casos de larga data
Atender la crisis forense
Facilitar el acceso a la búsqueda, verdad, justicia y reparación con enfoque diferencial
Reconocer el papel de las víctimas y atender debidamente sus necesidades y protección
Proteger a los servidores públicos involucrados en las búsquedas e investigaciones
Establecer estrategias eficientes de prevención y erradicación de las desapariciones forzadas
“Para que en México la desaparición deje de ser el paradigma del crimen perfecto es urgente dar respuesta a todas las cuestiones identificadas en el presente informe, tanto para los casos que se iniciaron en el pasado como los perpetrados recientemente”, aseveró Villa Quintana.
Las autoridades del gobierno mexicano tienen 4 meses para presentar observaciones respecto al Informe del Comité contra las desapariciones forzadas de la ONU.
El Comité reitera su agradecimiento por la cooperación y facilidades brindadas por México. También, confía en que el Estado parte cumplirá las obligaciones contenidas en la convención e implementará las recomendaciones contenidas en el presente informe y dará solución al flagelo de las desapariciones forzadas en México”, afirmó Carmen Rosa Villa Quintana al tiempo que ratificó el compromiso del Comité de acompañar la implementación de estas medidas en México.
