La Fiscalía General de la República cerró definitivamente la investigación que inició en 2020 en contra de José Luis Vargas, magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. La FGR abrió una carpeta por supuesto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, pero ha llegado a la conclusión de que no se pudieron presentar pruebas que sustentaran la denuncia presentada por la Unidad de Inteligencia Financiera.
La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, a cargo entonces de Santiago Nieto, emitió un recurso de inconformidad contra José Luis Vargas Valdez, presidente del TEPJF, acusándolo de un aumento irregular en sus ingresos.
En enero de 2021, Vargas compareció ante la Fiscalía Especializada en combate a la Corrupción, donde entregó datos relacionados con las operaciones denunciadas, y sus declaraciones patrimoniales.
‘Mi patrimonio tiene un origen lícito’, reiteró José Luis Vargas Valdez. “Me mantendré a la espera de litigar estos asuntos ante las instancias oficiales correspondientes. He sido y continuaré siendo respetuoso de los procesos y las instituciones del orden jurídico mexicano”, dijo en su momento.
Tras seis meses de investigaciones, los fiscales de la fiscalía concluyeron que las operaciones denunciadas por la UIF resultaron justificables a la luz de los datos e ingresos de la esposa del magistrado, por lo que no había delito por perseguir.
Desde 2017, cuando Vargas ya fungía como funcionario, no ha habido ninguna inconsistencia entre sus ingresos y sus egresos, por lo que se propuso el no ejercicio de la acción penal en contra del magistrado.
El cierre de la indagatoria se da en seguimiento a la determinación de un juez federal que ordenó dar por concluida la investigación, la misma decisión que la propia FGR ya había tomado el año pasado, pero que detuvo por una queja promovida por Santiago Nieto.
En ese momento, tras varios meses de investigación, la FGR concluyó que las imputaciones que se hicieron en la denuncia no corresponden a la realidad y resolvió decretar el No Ejercicio de la Acción Penal. Esto significa que la autoridad ministerial investigó los hechos que se denunciaron y determinó que no existe delito que perseguir, además, concluyó una vez que cotejó la información, que no hay ningún tipo de inconsistencia en patrimonio, ni en gastos.
