“Luego de que un juez pidiera la eliminación del Título 42 en Estados Unidos, muchos migrantes de Venezuela cruzaron el río Bravo para entregarse a la patrulla fronteriza, por lo que se procedió a limpiar para no generar un foco de infección o riesgo de incendio”, dijo Santiago González Reyes, director de Derechos Humanos del municipio.
En el operativo participaron empleados de Servicios Públicos Municipales, el Consejo Estatal de Población, del Instituto Nacional de Migración y Grupo Beta.
“La instrucción del Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar, es respetar los derechos humanos de las personas en situación de movilidad, así como su derecho a la migración, por lo que solo estamos retirando las carpas que quedaron abandonadas”, dijo el derechohumanista.
Mencionó que les han insistido a este grupo de venezolanos que accedan a la ayuda humanitaria que se les ofrece en los albergues, donde se cuenta con todas las condiciones de infraestructura, espacios, servicios e insumos para una migración digna.
Agregó que en el albergue municipal Kiki Romero, en conjunto con el Centro Integrador para Migrantes “Leona Vicario”, existe suficiente espacio para recibir a todos los que se encuentran en este campamento.
González Reyes dijo que además existe una bolsa de trabajo en la Oficina de Atención a Migrantes del Gobierno Municipal, donde hay una cifra extraordinaria de 60 personas de origen venezolano que han logrado ser vinculados con una empresa.
