Ante la negativa por los trabajadores del Poder Judicial de la Federación de ser sumisos por la entrada en vigor de la reforma al Poder Judicial, por la supuesta vulneración a la independencia y que ya no funja como un contrapeso sobre el oficialismo. Este lunes, el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo decidió volver al antiguo modelo del expresidente López Obrador.
En la conferencia de prensa, la titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Rosa Icela Rodríguez, compartió “casos de irregularidades” del Poder Judicial, en el que hizo un repaso del supuesto salario que perciben las y los ministros, magistrados, jueces de distrito, consejeros de la judicatura; favorecimiento a delincuentes y amparos o suspensiones giradas contra leyes, obras y políticas públicas -como la construcción del Tren Maya por la afectación al medio ambiente por la deforestación de la selva-.
En una primera instancia criticó el número de personas privadas de la libertad que no han recibido sentencia 6 mil 97 de 21 mil que están en prisión aún sin sentencia; la demora para dictar una sentencia que podría llegar entre el año y alcanzar hasta los 11 años. Acusó que se emitir amparos, suspensiones contra leyes, obras y políticas públicas.
Al mismo tiempo, presentó el supuesto salario y prestaciones que reciben anualmente, en el caso de los ministros reciben 792 mil pesos; consejeros de la Judicatura 5 millones 529 mil pesos; magistrados 4 millones 490 mil 441 pesos; juez de distrito 4 millones 50 mil 903 pesos.
Además, derivado al paro parcial de labores de los trabajadores del Poder Judicial de la Federación que cumplió dos meses de haber iniciado, la secretaria Rosa Icela Rodríguez aseguró que no se han celebrado 12 mil 448 audiencias, derivado a que los juzgados permanecen cerrados.
Por último, tal como fue en el gobierno del expresidente López Obrador, retomaron exhibir a los jueces quienes supuestamente favorecieron a delincuentes, principalmente de casos destacados como de delincuentes reconocidos o de políticos de oposición que han sido señalados por haber incurrido en supuestos actos de corrupción.
Algunos de los casos fue: la liberación de José Alberto “N”, alias “La Kena”, señalado como líder del Cártel del Golfo, quien supuestamente se vio beneficiado por el juez Crescencio Contreras Martínez el pasado 25 de enero de 2024.
Rafael Caro Quintero, fundador del Cártel de Guadalajara, supuestamente beneficiado por Juan José Fernando García Quiroz para que no fuera extraditado a los Estados Unidos, ello en 2022.
Héctor “El Güero Palma”, a quien por el juez Conrado Alcalá Romero le concedió un amparo para dejar insubsistente el auto de formal prisión dictado en contra del narcotraficante.
En la misma lista presentó el nombre del magistrado Juan Pedro Contreras, quien concedió un amparo a Emilio Lozoya, investigado por el Caso Odebrecht, para dejar sin efecto la medida cautelar de prisión preventiva justificada que tenía en su contra desde el 2022.
Lo mismo con el caso de Francisco Javier Cabeza de Vaca, cuando en 2023 la jueza Adriana Yolanda Vega concedió un amparo para dejar insubsistente una orden de aprehensión que fue girada desde el 4 de octubre de 2022. Después, el 25 de abril de 2025, el juez Juan Fernando Alvarado López concedió una suspensión definitiva para que no se ejecutara una orden de aprehensión por delincuencia organizada, lavado de dinero y defraudación fiscal que supuestamente cometió Cabeza de Vaca.
