Los despliegues militares de Trump en Los Ángeles, tras protestas por redadas migratorias, desatan acusaciones de “autoritarismo” y una pugna con California.
El viernes por la noche, cuando los helicópteros de la Patrulla de Carreteras sobrevolaban el centro de la ciudad y agentes federales detenían a 44 migrantes, el presidente Donald Trump firmó un memorando para desplegar 4 mil miembros de la Guardia Nacional y 700 marines en la segunda urbe más poblada del país. “Si no hubiese enviado las tropas a Los Ángeles… esta ciudad estaría ardiendo”, escribió días después en Truth Social.
El gobernador de California, Gavin Newsom, calificó la medida de “un paso inequívoco hacia el autoritarismo”.
Durante el fin de semana, vehículos de Waymo ardieron, la autopista 101 quedó bloqueada por manifestantes y las ventanas del Ayuntamiento aparecieron astilladas. Pero, a pocas millas (kilómetros(, los Dodgers seguían jugando béisbol y turistas paseaban en botes con forma de cisne en Echo Park.
¿Es este contraste la normalidad de una ciudad grande o el telón de fondo de un ensayo de poder presidencial? Las acciones de Trump —y la reacción de California— reavivan un debate sobre los límites de la autoridad federal y la posibilidad de un viraje autoritario en Estados Unidos.
¿Cómo justifica Trump la presencia militar?
El presidente sostiene que Los Ángeles enfrenta una “invasión migratoria” y “disturbios” comparables a los incendios forestales que arrasaron barrios de la ciudad en enero. Para contener esa supuesta emergencia, invocó estatutos dispersos que permiten federalizar tropas sin el consentimiento del gobernador, una prerrogativa que ningún mandatario había empleado en seis décadas.
Sin embargo, especialistas como el profesor Ilya Somin al New York Times argumentan que “está declarando emergencias completamente falsas con el fin de expandir su poder y destruir las libertades civiles”. Frank O. Bowman, de la Universidad de Missouri, añade al Times que “declarar todo en emergencia nos encamina hacia la violencia del gobierno contra personas que no nos agradan”.
Newsom y la alcaldesa Angelena, Karen Bass, rechazan la tesis de una ciudad fuera de control. “Las acusaciones de que Los Ángeles se ha sumido en la anarquía simplemente no eran ciertas”, declaró Bass. El gobernador presentó una demanda contra la Casa Blanca al considerar que los criterios constitucionales —invasión extranjera, rebelión o incapacidad para ejecutar leyes federales— no se cumplen.
En paralelo, Newsom denunció la amenaza de arresto lanzada por Trump: “Eso es lo que vemos en regímenes autoritarios”. La Casa Blanca respondió que “nadie… está por encima de la ley”. Hasta el momento, el mandatario no ha precisado qué delito habría cometido el gobernador.
¿Quién controla las calles de Los Ángeles?
La ciudad dispone de casi 9 mil agentes del Departamento de Policía de Los Ángeles y otros 66 mil uniformados estatales y locales, cifras que bastarían para contener “docenas de agitadores”. Aun así, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, prometió enviar marines “si fuera necesario”, y el Pentágono confirmó la movilización.
La escena en el terreno es dual. En Spring Street, David Madrick pasea a su perro entre grafitis anti-ICE y vidrios rotos: “Esto no es normal… Es agotador” dijo al Washington Post. A ocho millas (12 kilómetros), en el Farmers Market, MaryAnne Kennedy, de 82 años, se declara “avergonzada” de la política presidencial.
¿Se gesta una estrategia electoral?
David Frum, en The Atlantic, advierte de un posible guion de tres pasos: provocar disturbios televisivos, declarar emergencia, tomar control de operaciones locales —incluida la votación de medio mandato de 2026— o retrasarla en distritos demócratas. La idea no es nueva: partidarios de Trump la insinuaron tras las elecciones de 2020. Hoy, con un Departamento de Defensa y un DHS dirigidos por leales al presidente, la ejecución sería más viable, argumenta Frum.
El cálculo político tiene antecedentes. En 2024, Trump sumó 44 mil votos en el condado de Los Ángeles frente a su resultado de 2020. Un mensaje de “ley y orden” amplificado por tropas y disturbios podría movilizar a su base, aun a costa de mayores tensiones institucionales.
Hasta ahora, jueces federales han rechazado varias invocaciones de emergencias por parte de Trump. Un magistrado designado por Clinton desestimó la aplicación de la Ley de Enemigos Extranjeros contra una banda venezolana: “Eso es un asunto criminal, no una invasión”. La Corte Suprema, que en 2018 avaló la prohibición de viajes de países musulmanes, pero frenó a Biden en su plan de condonación estudiantil, aún no se pronuncia sobre las recientes órdenes del presidente.
Stephen Miller ha sugerido suspender el habeas corpus —recurso que sólo puede anularse en caso de invasión o rebelión— si los tribunales bloquean las medidas presidenciales. La declaración enciende alarmas históricas: la carta magna menciona la suspensión únicamente durante la Guerra de Secesión.
La historia estadunidense ofrece advertencias. En 1952, el fallo Youngstown Sheet & Tube frenó a Truman cuando intentó estatizar acereras apelando a la Guerra de Corea; la Corte recordó que los redactores de la Constitución “conocían las presiones que generan para la acción autoritaria”. Hoy, la pregunta es si la expansión de poderes de emergencia de Trump encontrará un límite similar o si los contrapesos —Congreso, tribunales, opinión pública— cederán ante la retórica de “ciudad en llamas”.
¿Cómo reaccionan los angelinos?
En Boyle Heights, la Plaza del Mariachi luce vacía. Jaime Valdivia, músico, dice al Washington Post que los conciertos se cancelan por miedo a atraer a ICE. Stephanie Mendoza, hija de inmigrantes hondureños, protesta “para la gente que conocemos que no lo es” y admite cargar con el temor de su familia.
Otros respaldan la presencia militar. James Young, residente del Este, opina que los manifestantes “simplemente destrozan cosas” y que la Guardia Nacional puede disuadirlos. La polarización se siente en cada esquina donde conviven banderas mexicanas, carteles de “Back the Blue” y soldados con fusiles desprovistos de cargador visible.
¿Qué viene ahora?
El litigio de California contra la federalización avanza mientras periodistas cuentan 134 millones de dólares de costo estimado para el despliegue. Manifestantes planean nuevas marchas; el café de Minerva Villa espera recuperar clientela; mariachis aguardan contratos pospuestos. En Sacramento, Newsom dice no cerrar la puerta al diálogo, pero advierte que “Trump es un presidente muy diferente a su primera incursión en el cargo”.
En Washington, los asesores del presidente sostienen que la inacción demócrata “ha resultado en graves crisis” y que Trump “usa legítimamente su autoridad ejecutiva… para brindar resolución al pueblo estadounidense”. La Casa Blanca insiste en que Los Ángeles está “invadida y ocupada” y que la colaboración militar continuará “ante las amenazas a agentes y edificios federales”.
La pugna, de momento, queda en suspenso, pero su desenlace podría marcar el precedente sobre cuánta fuerza puede concentrar un presidente en nombre de la seguridad —y cuánta autonomía le resta a los estados para gobernar sus propias calles. Mientras tanto, en Sunset Boulevard, los neones siguen encendidos, la Guardia Nacional patrulla y el tambor de DJ Yoon resuena bajo pancartas que preguntan: ¿de quién es esta ciudad?