El uniforme, ese símbolo de autoridad y confianza, a veces no es más que un disfraz. Un disfraz que oculta rostros siniestros, historias de abuso y silencios cómplices. Hace unas semanas publiqué una columna titulada “Cuando el abuso se viste de autoridad”, donde reflexionaba sobre cómo el poder mal canalizado, dentro de las instituciones de seguridad, se convierte en una amenaza directa para la ciudadanía. Hoy, con profunda tristeza y coraje, me veo obligada a continuar esa conversación. No porque quiera, sino porque la realidad nos lo exige.
Esta semana, Ciudad Juárez volvió a los encabezados nacionales por una noticia que debería sacudirnos a todos: la detención de Jacinto “N”, alias “El Monster”, un policía municipal activo, señalado por su presunta participación en la masacre de la familia LeBarón en 2019, donde fueron asesinadas nueve personas —tres mujeres y seis niños— en uno de los episodios más dolorosos de los últimos años en México.
¿Cómo puede ser que alguien acusado de crimen organizado, feminicidio, homicidio y terrorismo haya estado en funciones, armado y con placa, patrullando nuestras calles durante años? ¿Cómo pudo ingresar, o peor aún, permanecer dentro de la corporación, sin que nadie se diera cuenta o, más probablemente, sin que a nadie le importara?
La respuesta es tan obvia como aterradora: porque el sistema lo permite. Porque en lugar de limpiar nuestras instituciones, hemos aprendido a coexistir con su podredumbre. Hemos normalizado que algunos uniformados no están al servicio del pueblo, sino del crimen, del abuso, de la extorsión y del silencio.
Y es que el caso de “El Monster” no es un hecho aislado. Solo basta con mirar lo que ocurre en nuestras calles, en el día a día, con los agentes de tránsito. En las últimas semanas, he recibido —como muchos juarenses— testimonios de ciudadanos que han sido detenidos sin justificación clara, obligados a pagar multas por infracciones inexistentes o simplemente presionados con amenazas veladas: “O pagas ahorita, o te va peor”.
Denuncias públicas circulan en redes sociales, donde se documenta cómo los agentes utilizan su poder para imponer sanciones arbitrarias, a veces con evidente tono intimidatorio. ¿Qué diferencia hay entre un delincuente y un servidor público que usa su cargo para robar, extorsionar o amedrentar? Solo una: el segundo lo hace con respaldo institucional.
Y ese respaldo duele. Porque significa que no basta con temerle a los delincuentes, ahora también hay que cuidarse de quienes se supone que deberían protegernos. ¿Cómo construir ciudadanía desde la confianza, si desde la autoridad lo que se nos ofrece es abuso? ¿Cómo hablar de legalidad, si la ley se vuelve un arma selectiva, usada para castigar a unos y blindar a otros?
Lo que pasó con el policía detenido por la masacre LeBarón es una alarma, pero no es la única. Es apenas el síntoma más escandaloso de un sistema enfermo, en el que el uniforme ha dejado de ser garantía de justicia y se ha vuelto, en muchos casos, una advertencia. Un símbolo de poder desmedido que no rinde cuentas.
No se trata de desacreditar a todas las fuerzas del orden. Sé que hay elementos honestos, comprometidos con su deber, que también sufren las consecuencias de una estructura permisiva con los corruptos. Pero también sé que el silencio institucional ante estos casos no solo los deja indefensos, sino que los arrastra al mismo lodazal.
Desde la ciudadanía no podemos permitir que estas historias pasen sin memoria. Hoy es “El Monster”, ayer fue un agente de tránsito abusando de su autoridad, mañana podría ser cualquiera de nosotros enfrentando una situación injusta, sin defensa, sin voz.
Es momento de exigir un cambio estructural, de alzar la voz no solo por las grandes tragedias, sino por los abusos cotidianos que ya no deberían tener cabida en una sociedad que se dice democrática. Porque mientras sigamos tolerando delincuentes con placa, ninguna calle será realmente segura.
Por eso este reclamo no es un ataque, sino una exigencia legítima que parte del amor por esta ciudad y del compromiso que muchos compartimos por mejorar la imagen de nuestra ciudad. Reconozco la intención de las autoridades municipales por depurar, corregir y avanzar hacia una corporación más confiable y profesional. Pero también sé que la intención no basta si no se traduce en acciones visibles, contundentes y sostenidas en el tiempo. Juárez no puede esperar más. Todos y todas, desde cualquier trinchera, tenemos la responsabilidad de alzar la voz cuando lo justo lo exige.
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