Alerta de spoiler: esta es una columna un poco larga, porque hay mucha tela de dónde cortar.
Si bien en muchos estados de nuestro país el aborto ya es legal, en otros aún no se ha despenalizado, y todavía se enfrentan a consecuencias legales. Pero imaginemos por un momento que se dejan de lado todos los prejuicios, la cultura, la religión y la moral social… y el aborto se autoriza en todo el país.
¿Qué “beneficios” traería esto? Bueno, de acuerdo con algunas fuentes confiables, una disminución en la mortalidad materna adolescente. Forbes cita que el aborto legal ha contribuido a la reducción de un 40 % en muertes maternas en el país. Desde la implementación de la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) en 2007, la Ciudad de México ha mantenido hasta el 2024 una tasa de mortalidad cero asociada con abortos legales. Además, se han reducido hospitalizaciones y costos en el sistema de salud. El grupo de mujeres con mayor incidencia en esta práctica fue el de 20-24 años, seguido por adolescentes entre 15 y 19.
Más allá de la legalidad, hay un factor que casi nunca se pone sobre la mesa: el estrato social. Los abortos se practican en todos los niveles económicos, pero lo que cambia radicalmente es la seguridad del procedimiento. En los sectores altos y medios suele realizarse en clínicas privadas o con acceso a información confiable, lo que reduce riesgos y complicaciones. En cambio, las mujeres de bajos recursos, especialmente en zonas rurales, son las que más recurren a métodos clandestinos o inseguros, con mayores probabilidades de terminar hospitalizadas o incluso de morir. La conclusión es clara: el aborto no es exclusivo de una clase social, pero las consecuencias sí son más graves para quienes menos tienen.
Pero todo tiene su otro lado, su granito en el arroz. Y aquí van algunos puntos que me brincan un poco.
El aborto gratuito debería reservarse ÚNICAMENTE en casos de violación o cuando la madre no cuente con los recursos para cubrirlo si su vida está en riesgo. Sabemos que hay mujeres que podrían aprovechar este “derecho” como si fuera un método anticonceptivo más. Y no, no lo es.
Otro punto importante: el padre. ¿Hasta dónde tiene derecho un hombre a decidir sobre la vida del embrión que también es suyo? Porque seamos honestas: la decisión final es nuestra. Y aunque eso se entienda desde el cuerpo, ¿también debería entenderse desde la ética? Hay casos donde los hombres sí quieren tener al hijo, quieren ser padres, y no tienen absolutamente ninguna voz en esa elección. No pueden exigir, no pueden impedir. No hay consecuencias legales para la mujer si decide abortar sin su consentimiento, ni hay protocolos que al menos consideren su postura. Sí, somos las que lo llevamos en el vientre, pero no lo hicimos solas. Y no se trata de que “ellos manden” sobre nuestro cuerpo, sino de reconocer que el hijo también es de dos, aunque legalmente sólo lo parezca de una. Habría que empezar a hablar de cómo dar lugar a esas voces sin quitarle autonomía a nadie, porque eso implicaría un retroceso, pero ignorarlas por completo también lo es.
Y hablando de temas delicadísimos: el abuso sexual en menores. En estos casos, se debería proceder con la interrupción sin consultar su opinión. No porque no importe, sino porque al ser menores no tienen todavía la conciencia emocional ni mental para entender lo que conlleva ser madre. Dejar la decisión en manos de los padres (que muchas veces están igual o más afectados) podría ser una negligencia, no una elección informada.
Tampoco podemos ignorar el punto de los médicos que se niegan a practicar un aborto por convicciones personales. La objeción de conciencia es válida siempre y cuando no se utilice como excusa para negar el servicio en instituciones públicas. Pero también es cierto que, en muchos casos, los médicos no pueden ser demandados de forma directa, y el problema acaba cayendo sobre las instituciones. Y ya sabemos que ahí va a andar la CNDH olfateando lo que no le toca, como siempre que algo se pone espeso.
Ahora, hay que tocar un punto que se pasa mucho por alto: la reincidencia. ¿Existe algún registro nacional que permita saber cuántas mujeres se han practicado más de un aborto? Porque una vez -sin justificar- podría ser una situación límite, pero dos o más veces empieza a sonar más a descuido que a necesidad. Tal vez no es tarea del Estado, pero sí debería haber una obligación ética de recibir terapia psicológica y educación sexual. No con castigo, sino con conciencia.
Y aquí vale la pena decirlo claro: la irresponsabilidad es como la columna vertebral del aborto.
Porque, seamos francos, detrás de muchos abortos lo que hay no es pobreza ni ignorancia: es irresponsabilidad. No importa el nivel económico, no importa si tienen acceso a educación o servicios médicos; hay mujeres que, aún con toda la información, deciden no prevenir, no pensar y no asumir. El aborto, entonces, se vuelve una salida cómoda, no una solución de emergencia. Y ese es el verdadero problema: que lo urgente se esté usando como rutina. Y eso no lo resuelve ni una ley ni un discurso progre. Lo resuelve la conciencia.
Y es que en nuestro país, aborto es sinónimo de asesinato. Y aunque muchas decisiones se toman por necesidad, otras se toman con una ligereza tremenda. Por puro gusto. Por no querer asumir una consecuencia.
Y sí, el aborto debe ser una decisión bien pensada, responsable. Porque entre el derecho y el dilema, siempre habrá algo que perder. No hay soluciones perfectas, pero sí puede haber decisiones conscientes. Y eso, al menos, debería ser la regla.
“No es cuestión de elegir entre el bien o el mal, sino de comprender las circunstancias en las que se elige.” -Autor desconocido
Pero… p’s cada quien.
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