El 5 de junio de 2009 quedó marcado como una de las tragedias más dolorosas de nuestro país: el incendio en la Guardería ABC de Hermosillo, Sonora, que costó la vida a 49 niños y dejó a decenas con secuelas físicas y emocionales permanentes. Aquella guardería, subrogada por el IMSS, operaba en un edificio que no cumplía con medidas mínimas de seguridad: salidas de emergencia bloqueadas, techo inflamable, ausencia de sistemas contra incendios. Desde entonces, el dolor de las familias y la exigencia de justicia han convivido con la indiferencia de un sistema que, en muchos casos, prefiere el silencio.
La semana pasada, dieciséis años después, el caso volvió a ocupar los titulares. El 3 de octubre fue detenida en Hermosillo, tras ser deportada de Estados Unidos, Sandra Lucía Téllez Nieves, una de las copropietarias de la guardería. Había buscado asilo político en Arizona, pero al negársele, fue entregada a las autoridades mexicanas. Su nombre no es nuevo en la historia judicial del caso: en 2016 fue sentenciada a 28 años de prisión por homicidio y lesiones culposas, pero mediante amparos y recursos logró reducir la pena a solo 5 años y 7 meses. Cuando incumplió con las condiciones de su libertad condicional, se convirtió en prófuga de la justicia durante varios años, hasta su reciente captura. Hoy permanece en el Centro de Reinserción Social Femenil de Hermosillo, a disposición de un juez.
La noticia fue recibida con alivio por colectivos como “Manos Unidas por Nuestros Niños”, conformado por padres y madres de las víctimas, quienes reconocen que la detención representa un paso importante, aunque insuficiente. Porque en realidad, solo dos personas han sido privadas de su libertad en relación con la tragedia, y son muchas más las responsabilidades que permanecen intocadas. El caso ABC no solo habla de una guardería, habla de un sistema donde la justicia avanza lento, donde las condenas se reducen con facilidad, y donde las conexiones políticas protegen a quienes deberían responder ante la ley.
Vale recordar que incluso la Suprema Corte de Justicia fue señalada en su momento por Arturo Zaldívar, quien denunció que hubo una “operación de Estado” para minimizar las responsabilidades y proteger intereses de alto nivel. Esa sombra de injerencia política hace que, a pesar de cada detención, siga pesando la duda sobre si la justicia en México está realmente al servicio de las víctimas o al servicio de los poderosos.
En este contexto, no puede pasar desapercibida la reciente propuesta de reforma a la Ley de Amparo impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum. La iniciativa busca agilizar procesos, pero también plantea límites que podrían restringir la protección de derechos frente a abusos de autoridad. Incluso se incluyó en el Senado una cláusula de retroactividad que la propia mandataria rechazó por inconstitucional, aunque el debate sigue abierto en la Cámara de Diputados. Este debate conecta de manera directa con casos como el de la Guardería ABC, porque es justamente gracias a los amparos que muchos responsables han podido reducir sus condenas o retrasar procesos. La pregunta es inevitable: ¿una reforma que acota el amparo servirá para evitar la impunidad, o terminará siendo una herramienta más de control del poder sobre la justicia?
El amparo ha sido históricamente un arma de doble filo: por un lado, es la herramienta más poderosa de los ciudadanos frente a abusos de autoridad, pero al mismo tiempo se ha usado como escudo de políticos y empresarios para retrasar juicios o reducir condenas. Si la reforma que hoy se discute hubiera existido en el pasado, probablemente varios responsables del caso ABC estarían cumpliendo sus sentencias completas en lugar de haber logrado reducciones con recursos legales. Sin embargo, el riesgo es que al intentar cerrar esa puerta a la impunidad también se termine limitando el acceso de víctimas y colectivos a una de sus pocas defensas reales frente al Estado. No olvidemos que los amparos no los otorga el gobierno, sino jueces del Poder Judicial Federal, y en teoría deberían servir como contrapeso al poder; el problema es que en la práctica se han convertido tanto en refugio de los poderosos como en salvavidas de los más vulnerables.
La captura de Téllez Nieves nos recuerda que la impunidad no duerme, que las heridas siguen abiertas y que las familias de los 49 niños no han recibido todavía la justicia plena que merecen. La memoria de la Guardería ABC sigue siendo un espejo de lo que somos como sociedad y de lo que estamos dispuestos a tolerar. No basta con consignar a unos pocos; se necesita que la justicia llegue hasta el último responsable, que la negligencia no quede impune y que la muerte de tantos pequeños no sea un expediente archivado.
La lección que nos deja es clara: la justicia no puede depender de coyunturas políticas ni de presiones sociales momentáneas. Cada vez que una guardería abre sus puertas, cada vez que un espacio infantil opera en este país, deberíamos preguntarnos si hemos aprendido algo de la tragedia del 2009. Porque recordar a los niños de la ABC no es solo un ejercicio de memoria, es una exigencia viva para que nunca más vuelva a repetirse.
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