El Congreso de Chihuahua ha decidido modificar la Ley Estatal de Educación para “fomentar el uso correcto de las reglas gramaticales y ortográficas del idioma español”. A simple vista, suena inocente: ¿quién podría estar en contra de que en la escuela se enseñe a escribir bien? Sin embargo, entre líneas, lo que se busca es prohibir el uso del lenguaje inclusivo en los salones de clase.
Con este movimiento, Chihuahua se perfila como el primer estado del país en legislar de manera explícita contra una forma de expresión que, aunque polémica, refleja una realidad social: la diversidad de identidades que exigen ser reconocidas. No se trata de un simple debate gramatical; se trata de cómo entendemos y respetamos la existencia del otro.
El lenguaje nunca ha sido estático. Las palabras cambian con los tiempos, se transforman con la cultura y se enriquecen con los usos sociales. Decir que se “protege al español” al prohibir el lenguaje inclusivo es olvidar que nuestro idioma lleva siglos incorporando términos que en su momento parecieron extraños o innecesarios, pero que hoy son parte de nuestro vocabulario cotidiano.
Es comprensible que haya quienes piensen que el lenguaje inclusivo complica la enseñanza o distrae de lo esencial: aprender a leer y escribir con claridad. Esa preocupación no es menor, pero tampoco justifica que desde el poder público se restrinja una forma de expresión que, aunque polémica, busca dar voz a quienes históricamente han sido invisibles.
Quienes impulsan esta medida argumentan que el lenguaje inclusivo confunde, que es una moda ideologizada, que desvía la atención de lo esencial. Pero la pregunta de fondo es otra: ¿qué tanto daño puede hacer que en la escuela se reconozca, aunque sea con palabras, a quienes no se sienten representados por el “todos” de siempre?
Al final, no es una discusión académica sino política. Prohibir nombrar es también prohibir existir. Negar las palabras es una manera de negar realidades. El Estado debería garantizar que cada persona sea reconocida en su identidad, no cerrar puertas con el argumento de proteger la lengua.
Hasta el cierre de esta edición, ningún documento oficial del Congreso del Estado ni el ejemplar POE No. 81 del Periódico Oficial de Chihuahua contiene la reforma que prohíbe el lenguaje inclusivo. Aun así, el diputado Carlos Olson San Vicente — promotor de la iniciativa — compartió en sus redes sociales mensajes de “defensa del español” mientras los ciudadanos aún esperan la publicación oficial para confirmar su vigencia.
Más allá de la legalidad de la reforma —que aún tendrá que publicarse oficialmente y seguramente enfrentará cuestionamientos por posibles violaciones a derechos constitucionales— la discusión nos lleva a pensar en lo que realmente importa en la educación. ¿De verdad el mayor reto de Chihuahua es el uso de “todes” o “elles”? ¿O es el rezago educativo, la falta de infraestructura, la deserción escolar?
Mientras se debaten letras y pronombres, miles de niñas, niños y jóvenes siguen enfrentando aulas deterioradas, maestros sin recursos y comunidades olvidadas. Tal vez ahí debería estar el foco. Porque un idioma puede evolucionar con naturalidad, pero la desigualdad educativa no se corrige sola.
El debate no se trata de imponer ni de ridiculizar posturas distintas. Se trata de reconocer que el lenguaje refleja realidades sociales y que, aun cuando no todos estén de acuerdo en usarlo, lo importante es garantizar que ninguna identidad quede fuera del aula ni de la conversación pública.
Las palabras importan, sí, pero lo que decimos con ellas importa aún más. Y en este caso, la prohibición parece decir que reconocer la diversidad incomoda más que enfrentar los verdaderos problemas de nuestro sistema educativo.
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