Lo ocurrido en Venezuela no solo removió a un país que llevaba años atrapado en una deriva autoritaria. Dejó algo más profundo y más incómodo: una sensación de incertidumbre que no se quedó dentro de sus fronteras. No es una discusión simple entre estar bien o mal, ni una lectura en blanco y negro del poder. Es el eco que deja el uso de la fuerza cuando se convierte en una opción válida sin que exista una amenaza directa.
Quiero decirlo con claridad: acabar con una dictadura es una causa legítima. Nadie puede romantizar el daño que el régimen venezolano ha provocado a su gente, ni minimizar años de represión, pobreza y exilio forzado. Evitar que una dictadura continúe también es una responsabilidad moral de la comunidad internacional. En eso, no tengo dudas.
Pero reconocer el problema no implica aceptar cualquier método.
La intervención de Estados Unidos abrió un debate incómodo: muchos sostienen que no había otra forma, que se agotaron las vías diplomáticas, que el tiempo ya no alcanzaba. Sin embargo, el punto crítico es este: Estados Unidos nunca estuvo realmente amenazado por Venezuela. No hubo un peligro inminente que justificara el uso de la fuerza como último recurso defensivo. Considero que cuando la fuerza se usa sin amenaza directa, el mensaje que queda es peligroso.
La inquietud no nace solo del hecho, sino del precedente. Porque cuando una potencia decide que puede intervenir bajo su propio criterio de justicia, la soberanía se vuelve frágil y condicionada. Hoy fue Venezuela; mañana, cualquier país que cruce una línea invisible definida desde fuera.
En América Latina, esta sensación cala hondo. La región carga una memoria histórica de intervenciones “necesarias”, de soluciones impuestas, de transiciones guiadas que rara vez terminaron bien. Países como México observan con atención no desde la paranoia, sino desde la experiencia: la cercanía, la migración, la seguridad y la geopolítica siempre nos colocan en el radar.
Lo que deja este episodio no es solo un cambio político en Venezuela, sino una vulnerabilidad compartida. La idea de que el orden internacional ya no se rige únicamente por reglas claras, sino por decisiones unilaterales cuando conviene. Que el discurso de la justicia puede coexistir con el uso de la fuerza, aunque no haya una amenaza real que la detone.
Tal vez el verdadero daño no esté en el argumento de si era inevitable o no, sino en lo rápido que el mundo parece acostumbrarse y aceptarlo.
Hoy escribo desde la reflexión, pero también desde la empatía. Porque más allá del análisis político, de los argumentos legales y de los juegos de poder, hay un pueblo que ha vivido demasiado tiempo en la incertidumbre. Un pueblo que ha resistido carencias, silencios, persecuciones y exilios, y que merece algo más que ser el escenario de decisiones tomadas lejos de su vida cotidiana.
Como latinoamericana, no puedo ser indiferente al dolor del pueblo venezolano. Mi solidaridad está con su gente, no con los discursos, no con los intereses, no con las narrativas que justifican la fuerza. Deseo genuinamente que esta acción, ya realizada, no sea solo un golpe de poder, sino el inicio de una posibilidad real de esperanza, de reconstrucción y de dignidad para quienes han cargado con el costo más alto de esta historia.
Ojalá que lo ocurrido no derive en más miedo, más represión o más incertidumbre, sino en caminos auténticos para que el pueblo venezolano recupere su voz, su futuro y su derecho a decidir sin tutelas ni imposiciones.
Desde aquí, mi deseo es simple y profundo: que Venezuela encuentre paz, justicia y una salida que honre el sacrificio de su gente. Y que esta vez, de verdad, la esperanza no vuelva a ser una promesa rota.
Conectajuarez no se hace responsable de los puntos de opinión de los columnistas que participan en este medio de comunicación, es responsabilidad única de quien lo escribe, el autor sostiene cada uno de sus argumentos.