El fin de semana, el que se aventó una vueltita por estas tierras fronterizas fue el fiscal César Jáuregui Moreno. Y no vino precisamente de paseo. Llegó echando espuma por la boca para apagar el incendio mediático que dejó la liberación de José Luis N dueño del crematorio Plenitud, un caso que ha indignado a propios y extraños.
Porque el horno, literal, no está para bollos. En la Fiscalía General del Estado de Chihuahua traen la bandera bien desplegada de que “no se va a quedar así”. Y es que la decisión judicial cayó como balde de agua fría entre las familias afectadas y la opinión pública, que todavía no sale del asombro por la magnitud del hallazgo: 386 cuerpos apilados sin el cuidado ni el respeto que exige la ley… y la dignidad humana.
Jáuregui no tardó en anunciar recursos de revisión y queja, apuntando directo contra los jueces federales y los órganos de control. La intención es clara: buscar que se le dé reversa al amparo y que se revise la actuación del juez que ordenó la liberación. Un mensaje tanto jurídico como político, porque cuando la justicia tropieza, la confianza pública se tambalea.
El argumento del juez —que no se ocultaron ni conservaron los cuerpos— ha sido recibido con cejas levantadas y dientes apretados. Como si el tecnicismo alcanzara para disipar lo insalubre y lo éticamente inadmisible del asunto. Porque más allá de la interpretación legal, hay una realidad que pesa: cientos de familias esperan respuestas y respeto.
Con ellas se reunió el fiscal, prometiendo pelear hasta el último minuto. La Fiscalía dice que ya afina la estrategia legal y que no bajará la guardia. Sin embargo, en esta frontera donde la justicia suele avanzar a paso desigual, no faltan quienes miran con escepticismo. La balanza, dicen, tiene sus propios pesos y medidas.
Por ahora, el fuego sigue encendido. Y mientras los recursos legales toman su curso, la pregunta flota en el aire: ¿alcanzará la promesa de justicia para apagar la indignación?
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