En un país donde millones de personas sobreviven con lo justo, donde el salario alcanza cada vez menos, la inflación aprieta el cinturón y donde la precariedad es conversación cotidiana en hogares, comercios y calles, el Congreso decidió enviarnos un mensaje claro: sí hay dinero… pero no para todos.
Senadores y diputados federales aprobaron un aumento salarial que los coloca apenas unos pesos por debajo del sueldo de la presidenta de México. En el caso de los senadores, su percepción mensual se ha fijado en aproximadamente 131,874 pesos netos, quedando apenas por debajo de la remuneración neta autorizada para la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, la cual es de 134,290 pesos mensuales. Una diferencia de apenas 2,416 pesos que borra en la práctica la jerarquía de austeridad que se pretendía establecer.
Esa diferencia simbólica que parece diseñada para cumplir la narrativa de que “nadie puede ganar más que el Ejecutivo”, pero que en los hechos confirma algo más profundo: la clase política sigue viviendo en una burbuja.
Lo más delicado no es solo el incremento. Es la contradicción. El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, había jurado y perjurado que no habría aumento para los legisladores. Que sería un gesto de congruencia con la austeridad republicana. Que el momento del país no lo permitía. Las palabras quedaron en el archivo; el aumento, en la nómina.
En teoría, el Congreso es la casa del pueblo. En la práctica, parece cada vez más distante del pueblo. Mientras una madre hace cuentas para completar la despensa, un joven titulado no encuentra empleo estable y un trabajador informal vive sin seguridad social, los legisladores ajustan su percepción mensual hacia arriba. El contraste es brutal.
Y aquí entra otro elemento incómodo: la productividad legislativa real. Hay diputadas y diputados que apenas pisan la tribuna, que acuden una vez por semana, que presentan iniciativas intrascendentes o que simplemente levantan la mano según la línea partidista. El trabajo legislativo serio exige análisis técnico, construcción de consensos, revisión presupuestal minuciosa y presencia constante. ¿Todos cumplen con ese estándar? La ciudadanía sabe la respuesta.
En cualquier organización, el aumento salarial suele estar ligado a desempeño, resultados y generación de valor. En el Congreso mexicano, el incremento parece responder más a la inercia burocrática que a una evaluación objetiva del impacto legislativo. ¿Mejoró la calidad de las leyes? ¿Se redujo la polarización? ¿Se fortaleció el control del gasto público? Difícil sostenerlo.
El discurso oficial insiste en que vivimos tiempos de transformación y justicia social. Pero la justicia comienza por el ejemplo. La austeridad no puede ser solo narrativa electoral; debe ser conducta institucional. Si el país atraviesa desafíos económicos, el sacrificio tendría que empezar en la cima del poder, no en la base de la pirámide.
El problema no es que un legislador gane bien. El problema es que lo haga en medio de una sociedad precarizada, con servicios públicos deficientes, con hospitales saturados y con ciudadanos que trabajan jornadas completas sin alcanzar estabilidad. El problema es la desconexión.
Mil pesos por debajo de la presidenta.
Miles de pesos por encima de la realidad de la mayoría ya que 41.9 millones viven en pobreza extrema (CONEVAL 2025).
Esa es la verdadera distancia que hoy indigna.
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