Al cumplirse este 8 de julio un año de la detención del exgobernador César Horacio D.J. las 21 órdenes de aprehensión en su contra se mantienen vigentes, como vigente está su proceso de extradición para que enfrente la justicia ante los tribunales de Chihuahua, por los actos de corrupción de los que se le acusa.
Las investigaciones encabezadas por la Fiscalía General del Estado de Chihuahua fueron la base para que las instancias correspondientes como la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Relaciones Exteriores, solicitaran a las autoridades de Estados Unidos la detención con fines de extradición de César Horacio D.J., lo que ocurrió el 8 de julio de 2020.
Luego de más de tres años de mantenerse en calidad de prófugo de la justicia, fue finalmente apresado por alguaciles de la US Marshals Service y puesto a disposición de la Corte Federal del Distrito Sur de Miami, en Florida, Estados Unidos, donde una jueza tiene pendiente resolver el pedido de las autoridades mexicanas.
Por medio de la Operación Justicia para Chihuahua, la Fiscalía General del Estado sigue también procesos penales derivados de 86 denuncias presentadas por los desvíos de la red que encabezó el exmandatario, en los que se estima que el daño a la hacienda pública ascendió a 2 mil 794 millones pesos.
Además, se han regresado al Pueblo de Chihuahua 712 millones 005 mil 312 pesos gracias a novedosos esquemas para combatir la evasión fiscal, la simulación de facturas, contratos y desvío de recursos, así como a la reintegración del daño producto de 16 sentencias condenatorias logradas al momento, en contra de excolaboradores y personas ligadas al exgobernador.
En marzo de 2017, un juez de Control giró la primera orden de aprehensión en contra de César Horacio D.J.; el 12 de septiembre de 2017, el gobernador Javier Corral solicitó formalmente al Gobierno Federal realizar la solicitud de extradición y entregó los indicios de que el exmandatario podría ser localizado entre los tres estados norteamericanos de Nuevo México, Texas y Florida.
El exmandatario habría ingresado a Estados Unidos el día 28 de noviembre de 2016 mediante la VISA B2 (turista) por el Aeropuerto Internacional Libertad de Newark, en New Jersey, obteniendo un Permiso de Internamiento I-94 que venció el 28 de mayo del 2017.
Su captura se realizó el 8 de julio del año pasado y fue sometido a juicio para su extradición, en donde únicamente queda pendiente la resolución final de la jueza Lauren Fleischer Louis.
Las 21 órdenes de aprehensión en contra del exmandatario, 20 son del fuero común, por delitos de peculado y una obtenida por la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales de la Fiscalía General de la República, esta última por la retención ilegal de una parte de los salarios de los burócratas para financiar al Partido Revolucionario Institucional en Chihuahua.
Además, como parte de la investigación de Operación Justicia, el exsenador del PRI, Alejandro Gutiérrez, fue sentenciado por peculado agravado y 44 personas fueron vinculadas penalmente, así como 87 bienes muebles e inmuebles asegurados.
Tan solo a través de la Secretaría de la Función Pública se han aplicado sanciones económicas por el orden de los 558.8 millones de pesos e inhabilitado a 78 funcionarios tras comprobárseles las irregularidades administrativas en que incurrieron como funcionarios en el sexenio anterior.
Mientras que por los procedimientos de responsabilidad administrativa, entre los cuales el exgobernador enfrenta cinco procesos, se calcula un daño por la cantidad de mil 760 millones 792 mil 163.35 pesos.
Durante las indagatorias para la localización del exmandatario, se ubicaron al menos 50 propiedades que adquirió junto con su familia en tres estados de la Unión Americana, sobre las cuales ya se encuentran en marcha los procesos de embargo y recuperación.
Mientras que en Chihuahua, a César Horacio D.J. le han sido asegurados propiedades como viviendas y al menos 10 ranchos, algunos de los cuales alcanzan una extensión territorial de más de 30 mil hectáreas, es decir, de mayor densidad que el territorio de la capital del estado, como es el caso del Rancho Santa Rita y sus asentamientos: El Cuervo, San Juan y Los Galemes, en el municipio de Camargo.
Las denuncias en contra del exgobernador, sus exfuncionarios, empresarios y otros involucrados, son por delitos de peculado agravado, desvío de recursos y enriquecimiento ilícito.
La Operación Justicia para Chihuahua ha alcanzado hasta el momento los objetivos trazados y la batalla continúa en los tribunales fiscales, administrativos y penales.
En la vía fiscal la recuperación alcanza 656 millones 076 mil 874 pesos, además de que se lograron embargos a bienes mediante créditos fiscales, por una suma de 629 millones 700 mil pesos.
Las 151 auditorías practicadas en el área de la hacienda pública, permitió descubrir 27 esquemas agresivos de evasión fiscal que se realizaron a través de 519 empresas fantasma y 383 proveedores y proveedores de proveedores.
Gracias a todas estas acciones y a través del Fondo de Reparación Justicia Para Chihuahua, se han traducido en obras y servicios para los que menos tienen y más han esperado, por un total de 712 millones 005 mil 312 pesos.
