Durante mucho tiempo, en la política mexicana la palabra lealtad pareció tener un significado muy particular: defender a los propios, incluso cuando hacerlo resultaba difícil de explicar frente a los ciudadanos.
Es por eso que lo ocurrido durante los últimos días en Sinaloa merece una reflexión que vaya más allá de nombres, partidos e incluso de las investigaciones que hoy ocupan la conversación pública. Rubén Rocha Moya decidió reincorporarse a la gubernatura de Sinaloa después de permanecer 112 días separado temporalmente del cargo. Su regreso fue legal, pero políticamente abrió inmediatamente una discusión mucho más compleja.
Sobre el gobernador existen señalamientos realizados desde Estados Unidos por presuntos vínculos con integrantes del crimen organizado, Rocha ha rechazado las acusaciones y sostiene que no existen elementos que acrediten la comisión de algún delito. En México, las investigaciones correspondientes continúan abiertas por eso conviene separar dos cosas: la responsabilidad jurídica y la responsabilidad política. Determinar si existe o no un delito corresponde exclusivamente a las autoridades competentes. Ni las redes sociales, ni los partidos políticos, ni quienes escribimos una columna podemos sustituir una investigación o una resolución judicial.
Pero la política tiene otra dimensión. Quien ocupa un cargo público no solamente debe preguntarse si puede legalmente permanecer en él también debe preguntarse si hacerlo beneficia a la institución que representa, a su gobierno y, sobre todo, a los ciudadanos.
Ahí estuvo, a mi juicio, el error de Rocha Moya, su reincorporación provocó algo poco habitual en nuestra política: su propio movimiento decidió marcar distancia. La Secretaría de Gobernación dejó claro que se trataba de una determinación personal, la dirigencia nacional de Morena informó que no había tenido conocimiento previo de la decisión y se deslindó de ella. Legisladores y gobernadores emanados de la Cuarta Transformación hicieron llamados a la responsabilidad y cerraron filas en torno a la presidenta Claudia Sheinbaum.
La propia presidenta fue todavía más clara; sin prejuzgar sobre las investigaciones, cuestionó públicamente la pertinencia del regreso y puso sobre la mesa una idea que debería ser elemental en cualquier democracia: ningún interés personal puede colocarse por encima del interés colectivo.
Horas después, Rocha Moya volvió a solicitar licencia.
Algunos interpretarán todo esto como una crisis interna. Yo prefiero observar también otra posibilidad: que estemos frente a una señal de madurez que durante muchos años le ha hecho falta a la política mexicana. Porque un partido no demuestra fortaleza defendiendo absolutamente todo lo que hacen quienes pertenecen a sus filas, al contrario, la verdadera congruencia comienza cuando somos capaces de reconocer que una decisión tomada por alguien de nuestro propio movimiento puede ser equivocada y digo nuestro deliberadamente.
Quienes creemos en un proyecto político no deberíamos confundir pertenencia con silencio, ni lealtad con justificar cualquier conducta. Defender un proyecto también significa exigirle que conserve los principios con los que pidió la confianza de millones de ciudadanos.
Eso aplica para Morena y debería aplicar para cualquier partido. Durante décadas criticamos una cultura política en la que las estructuras partidistas protegían automáticamente a sus integrantes, si queremos construir algo diferente, no podemos reproducir aquello que cuestionamos cuando ahora los involucrados pertenecen a nuestras propias filas. Por eso considero importante el deslinde, no porque signifique declarar culpable a Rocha Moya, no lo significa. Significa reconocer que mientras existan investigaciones abiertas y cuestionamientos de esta magnitud, la prudencia política también importa y será una de las pruebas más difíciles para Morena en esta etapa, después de años de crecimiento y de victorias electorales, el reto ya no consiste solamente en ganar elecciones. También consiste en demostrar que los principios pueden colocarse por encima de los nombres.
La transformación no puede depender de una persona, tampoco puede detenerse para proteger una trayectoria política. Las instituciones deben investigar, las autoridades deberán presentar pruebas y garantizar el debido proceso, Rocha Moya tendrá derecho a defenderse y a que no se le condene anticipadamente pero mientras eso sucede, Sinaloa necesita gobernabilidad, certeza y autoridades concentradas en atender una realidad que desde hace demasiado tiempo exige respuestas.
Por eso, más que celebrar la caída política de alguien, es importante reconocer el mensaje que deja este episodio, teniendo claro que deslindarse no siempre significa abandonar a un compañero, significa proteger algo mucho más grande que cualquier nombre: la credibilidad de un proyecto.
Y si Morena quiere seguir hablando de transformación, tendrá que demostrar que la lealtad más importante no es hacia sus figuras, sino hacia los principios que dice representar y, por encima de todo, hacia el pueblo que le dio su confianza.
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