RAYOS Y CENTELLAS Por Luis Carlos Carrasco
Hasta el cierre de esta columna, seguía siendo una incógnita lo ocurrido en la audiencia inicial del exfiscal César Jáuregui Moreno. El asunto se manejaba bajo reserva, sin acceso para los medios de comunicación ni para el público, como si detrás de las puertas del juzgado se estuviera escribiendo uno de los capítulos más delicados de la política chihuahuense.
Y vaya que el argumento para mantener el hermetismo llamó la atención: la existencia de temas que podrían afectar las relaciones internacionales de México con otros países. ¡Sopas! Si de por sí el expediente ya pintaba complicado, ahora resulta que la madeja podría tener ramificaciones mucho más delicadas de las que se conocían públicamente.
La audiencia estaba programada originalmente para las ocho de la mañana, pero el juez determinó cambiarla para las nueve de la noche, con el propósito de dar tiempo a la defensa de Jáuregui para revisar las carpetas de investigación. Una jornada larga, de esas en las que los abogados no pueden darse el lujo de pestañear, porque cualquier detalle podría cambiar el rumbo del caso.
Pero aguas, porque la verdadera dimensión del asunto no necesariamente está en el discurso político que ha rodeado al exfiscal, sino en las acusaciones que finalmente puedan sostenerse ante un juez.
Durante los últimos días, la expresión traición a la patria se ha convertido en una de las frases más repetidas alrededor del caso. Sin embargo, una cosa es el estribillo político y otra muy distinta es lo que pueda acreditarse dentro de un expediente judicial. Las palabras pueden hacer mucho ruido en las tribunas, pero en los tribunales se necesitan hechos, pruebas y argumentos jurídicos.
Y ahí está precisamente el meollo del asunto: si existen otras líneas de investigación y posibles delitos de mayor calado, como ha señalado la presidenta Claudia Sheinbaum, entonces el caso podría ir mucho más allá de la etiqueta que se ha utilizado para alimentar la discusión pública.
Por ahora, las versiones y especulaciones siguen circulando, pero habrá que esperar a que las autoridades den a conocer información verificable. Lo que sí queda claro es que, si aparecen nuevas imputaciones y existen elementos para sustentarlas, la situación jurídica del exfiscal podría complicarse todavía más.
Y mientras tanto, en el panismo chihuahuense seguramente más de uno debe estar haciendo cuentas, porque César Jáuregui no es un personaje cualquiera. Fue fiscal general del Estado, formó parte del círculo político de la gobernadora María Eugenia Campos Galván y, hasta antes de que estallara este asunto, su nombre también figuraba en las conversaciones sobre el futuro político de Chihuahua.
La gobernadora conoce la relevancia política e institucional de quien fuera uno de sus colaboradores más importantes. Más allá de amistades, lealtades, diferencias o aspiraciones electorales, el asunto representa un desafío que podría alcanzar a todo su entorno político.
Eso no significa anticipar responsabilidades ni dar por probadas acusaciones que todavía deben esclarecerse. Pero sí obliga a reconocer que el costo político de este expediente podría ser considerable, especialmente si las investigaciones alcanzan terrenos que hasta ahora permanecen fuera del conocimiento público.
Y es que una cosa es enfrentar una crisis de comunicación y otra muy distinta tener que responder por las consecuencias de una investigación judicial. La primera puede intentarse contener con declaraciones y control de daños; la segunda depende de lo que las autoridades logren acreditar.
Por lo pronto, la incertidumbre es el ingrediente principal de esta historia. El hermetismo alimenta las sospechas, las versiones se multiplican y el ambiente político se carga cada vez más. Pero cuidado: ni las filtraciones sustituyen a las pruebas ni las consignas políticas equivalen a una sentencia.
Lo cierto es que a César Jáuregui se le viene una noche larga, políticamente hablando, y quizá también judicialmente. Si las nuevas acusaciones son tan delicadas como se ha insinuado, apenas estaríamos viendo el primer capítulo de una historia que podría prolongarse durante meses o años.
En Chihuahua, donde la sucesión de 2027 ya comenzó a mover ambiciones, alianzas y lealtades, este expediente amenaza con convertirse en algo más que un asunto de tribunales.
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