ESENCIA Y VOZ Por Karina Villegas
Cuando Maru Campos llegó a la gubernatura de Chihuahua, nunca fui simpatizante de ella ni de su partido. Mis convicciones políticas eran distintas y siguen siéndolo. Sin embargo, decidí darle un voto de confianza no había mucho que discutir había obtenido el triunfo en las urnas. Lo hice en parte, por sororidad. Por primera vez una mujer ocuparía el cargo más alto de nuestro estado y pensé que ese momento histórico podía abrir una nueva manera de ejercer el poder: más cercana a la gente, más sensible a nuestras necesidades y más comprometida con quienes durante años hemos esperado ser escuchados.
Su toma de protesta fue en Ciudad Juárez. Desde nuestra frontera habló de comenzar una nueva historia para Chihuahua y de recuperar la paz. Para quienes vivimos aquí, esas palabras despertaban una pregunta: ¿sería esta la administración que finalmente miraría a Juárez con la atención que merece?
Hoy, mientras su gobierno transita por su último año, me resulta imposible sostener aquella esperanza. En lugar de que la conversación pública se concentre en los resultados y los pendientes de la administración, hemos visto cómo se acumulan las polémicas alrededor de la gobernadora y de su círculo cercano. Pero también hemos visto algo más preocupante: una forma de hacer política basada en el pleito, la descalificación y la confrontación permanente.
Esa forma de hacer política también se refleja, desde mi perspectiva, en la dirigencia estatal del PAN. Durante la presidencia de Daniela Álvarez, la conversación pública ha estado marcada con frecuencia por pleitos, señalamientos y declaraciones sobre adversarios políticos. Me cuesta identificar, con la misma claridad, un trabajo partidario que convoque, construya y ofrezca respuestas a la ciudadanía. Cada partido tiene derecho a defender sus ideas y a cuestionar a sus adversarios. Pero cuando la confrontación y el chisme ocupan más espacio que las propuestas, la discusión pública se empobrece y los problemas de la gente quedan en segundo plano.
El caso de César Jáuregui, exfiscal y durante años uno de los colaboradores más cercanos de Maru Campos, ha colocado al gobierno estatal en medio de una crisis. Las investigaciones por el operativo de El Pinal y la participación de agentes estadounidenses abrieron preguntas que todavía necesitan respuestas. Jáuregui ha rechazado las acusaciones en su contra y corresponde a las autoridades determinar sus responsabilidades.
En medio de esa crisis, el exfiscal difundió una carta dirigida a panistas en la que cuestionó las declaraciones de la gobernadora y afirmó que faltaban a la verdad. Por su parte, su abogado la acusó públicamente de traición. Esas expresiones muestran la profundidad de la ruptura entre antiguos aliados políticos.
A ello se sumó la confrontación entre la gobernadora y la presidenta Claudia Sheinbaum. Ambas reconocieron que sostuvieron una conversación tensa en torno al caso. Después de que Maru Campos hiciera públicos detalles de ese encuentro, la discusión se trasladó a los medios, mientras la ciudadanía sigue esperando que el debate se concentre en los hechos y en las responsabilidades que puedan determinarse.
También están los señalamientos públicos de Andrea Domínguez, excolaboradora de la Feria de Santa Rita, quien denunció presuntas irregularidades y actos de intimidación, señalando al hermano de la gobernadora y a personas relacionadas con el entorno estatal. Son acusaciones que deben investigarse; no podemos presentarlas como hechos comprobados. Precisamente por su gravedad, merecen ser atendidas con seriedad y transparencia.
Mientras las y los chihuahuenses seguimos esperando explicaciones claras. ¿Qué se sabía de lo ocurrido? ¿Cómo se tomaron las decisiones? ¿Qué se hará para recuperar la confianza en las instituciones encargadas de nuestra seguridad? Esas preguntas merecen más que versiones encontradas y descalificaciones.
A veces resulta inevitable preguntarse si ciertas prácticas que hemos visto por años en la política —las lealtades personales, la defensa del grupo, los pleitos entre partidos y la descalificación del adversario— siguen pesando más que la obligación de responderle a la gente. Esa reflexión no tendría que limitarse a un solo partido ni a un solo gobierno. Pero hoy corresponde hacerla sobre quienes tienen la responsabilidad de gobernar Chihuahua y de representar políticamente a su proyecto.
Y en medio de todo ello está Juárez. La ciudad donde se prometió comenzar una nueva historia sigue esperando que sus necesidades ocupen un lugar prioritario en la agenda estatal. Las lluvias recientes volvieron a mostrar las dificultades que enfrentan muchas familias y la necesidad de coordinación, prevención e infraestructura. La atención a una emergencia es necesaria; también lo es escuchar a las colonias y dar seguimiento a sus problemas cuando la lluvia termina.
Darle un voto de confianza a una mujer no significa renunciar al derecho de cuestionarla. La sororidad no exige silencio ni impide señalar lo que concideramos mal. Podemos seguir defendiendo la participación de las mujeres en la política y, al mismo tiempo, exigir a quienes gobiernan y representan a un partido que respondan por sus decisiones.
La llegada de Maru Campos fue histórica y eso nadie se lo puede quitar. Pero la historia de un gobierno también se mide por la confianza que construye, las respuestas que ofrece y las prioridades que atiende.
Todavía queda tiempo para responder a las preguntas pendientes, detener la confrontación y mirar a Ciudad Juárez con la atención que se le prometió. Las y los juarenses no deberíamos tener que esperar a que termine otra administración estatal para volver a preguntar cuándo nos va a tocar
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