RAYOS Y CENTELLAS Por Luis Carlos Carrasco
El periodista Héctor de Mauleón publicó en El Universal su columna donde hace esos señalamientos
CUANDO EL RÍO SUENA… Y en la política mexicana, cuando aparecen señalamientos sobre una presunta relación entre actores políticos y grupos del crimen organizado, el asunto deja de ser una simple grilla partidista para convertirse en una cuestión que exige explicaciones, pruebas y, sobre todo, investigaciones serias.
Esta vez, el nombre que quedó en el centro de la polémica es el de Ariadna Montiel, presidenta nacional de Morena, luego de que el periodista Héctor de Mauleón publicara en El Universal una columna en la que le atribuye una presunta reunión con Aureliano Guzmán Loera, alias El Guano, hermano de Joaquín El Chapo Guzmán.
¡Y agárrense, porque el escenario señalado no es cualquier rincón del país! La versión publicada apunta hacia Guadalupe y Calvo, en plena Sierra Tarahumara, donde supuestamente habría ocurrido un encuentro a principios de 2024. Según el periodista, en aquella reunión se habría negociado la intervención de Los Salgueiro para movilizar votos a favor de candidatos de Morena durante el proceso electoral.
¡Vaya acusación! Porque, de ser cierta, ya no estaríamos hablando de los tradicionales amarres de campaña, de las negociaciones entre tribus partidistas ni de los consabidos acuerdos debajo de la mesa. Estaríamos frente a un señalamiento de enorme gravedad: la presunta participación de una organización criminal en la operación electoral de un partido político.
Y todavía hay más. De acuerdo con lo publicado por De Mauleón, el supuesto acuerdo habría contemplado entregar a la organización delictiva control territorial e institucional en la Sierra Tarahumara a cambio de su respaldo electoral.
Dicho de otra manera, la acusación pone sobre la mesa una pregunta inquietante: ¿hasta dónde pueden llegar los intereses políticos cuando se cruzan con el poder del crimen organizado?
Por supuesto, una cosa es lo que se publica y otra muy distinta lo que puede demostrarse. Hasta ahora, los señalamientos deben tratarse como tales, no como hechos judicialmente acreditados. Sin embargo, por la gravedad de lo expuesto y por tratarse de una región de Chihuahua donde la presencia de grupos criminales constituye una preocupación de seguridad pública, el tema merece algo más que un intercambio de descalificaciones.
ARIADNA RESPONDE Y RECHAZA LAS ACUSACIONES.
La dirigente morenista salió al paso mediante un comunicado difundido en redes sociales. Negó categóricamente haberse reunido con criminales o haber pactado con ellos, defendió su trayectoria y aseguró que sus bienes y actividades financieras están transparentados. Además, exigió que se presenten pruebas ante las autoridades.
Por su parte, De Mauleón ratificó su investigación.
Y aquí es donde la política suele entrar en su terreno favorito: mientras unos exigen pruebas, otros hablan de ataques; mientras unos defienden la libertad de expresión, otros denuncian intereses detrás de las publicaciones. Al final, el debate corre el riesgo de convertirse en una competencia de declaraciones en la que cada bando intenta imponer su propia versión.
Pero ni la militancia morenista tiene por qué dar por cierta una acusación sin pruebas, ni el rechazo de Ariadna Montiel basta, por sí solo, para despejar todas las dudas que pudiera generar una investigación periodística de esta naturaleza.
EN CHIHUAHUA, EL ASUNTO NO ES MENOR.
La Sierra Tarahumara no puede convertirse en un simple escenario para el intercambio de acusaciones entre políticos y periodistas. En esa región viven comunidades que enfrentan problemas de seguridad y que necesitan instituciones capaces de garantizar su tranquilidad, sin importar los colores partidistas.
Si existen bitácoras, informes de inteligencia u otros documentos oficiales que respalden los señalamientos, corresponde a las autoridades competentes verificar su autenticidad, investigar su contenido y determinar si hay elementos para proceder legalmente. Y si las acusaciones no tienen sustento, también debe existir claridad para evitar que una imputación de semejante magnitud quede flotando indefinidamente en el debate público. Porque una cosa es la disputa por el poder y otra, muy distinta, la posible intervención del crimen organizado en las urnas.
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