PLANTAS TRATADORAS: UNA DENUNCIA QUE DEBE ACLARARSE

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ESENCIA Y VOZ Por Karina Villegas

En Juárez, los problemas del agua se viven dentro de las casas. Se notan cuando falta presión, cuando hay que esperar una pipa en algunas colonias del sur poniente o cuando una fuga permanece mientras los vecinos siguen reportándola. Por eso, las decisiones sobre el presupuesto de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento merecen atención pública, especialmente si sus consecuencias podrían extenderse durante quince años.

El pasado 2 de noviembre, Cruz Pérez Cuéllar denunció una propuesta para contratar el mantenimiento de dos plantas tratadoras por 45 millones de pesos mensuales durante ese periodo. Según las cifras que presentó, serían 540 millones al año y, si la mensualidad permaneciera sin cambios, 8 mil 100 millones de pesos en total.

El señalamiento merece seguimiento por sus posibles consecuencias para Juárez, quienes pagamos el servicio tenemos razones suficientes para exigir información sobre cualquier decisión que pueda comprometer los recursos de la Junta, independientemente de nuestras preferencias partidistas.

Las cifras señaladas por Pérez Cuéllar requieren una respuesta de la JMAS. Al organismo le corresponde aclarar si existe esa propuesta, en qué consiste y cuál es su situación, conocer los documentos permitiría evaluar los costos y las obligaciones que asumiría la Junta antes de sacar conclusiones sobre su conveniencia. En su exposición, el denunciante comparó la propuesta con un esquema anterior que, aseguró, costaba 33 millones mensuales por tres plantas. La diferencia llama la atención, aunque esa comparación por sí sola no permite evaluar el nuevo precio, para hacerlo se necesitan conocer las capacidades de las instalaciones, los servicios incluidos y las inversiones que asumiría el proveedor.

Las plantas tratadoras requieren mantenimiento, personal y recursos suficientes. Su funcionamiento importa para la salud pública y para aprovechar mejor el agua, una contratación de esta magnitud tendría que apoyarse en estudios que permitan comparar opciones y demostrar qué beneficio recibiría la ciudad. Conocer esos estudios ayudaría a discutir el proyecto con mayor seriedad.

El plazo también necesita una explicación. Quince años de pagos alcanzarían a varias administraciones y podrían limitar sus decisiones presupuestales. Antes de asumir una obligación así, la Junta debe justificar las ventajas del esquema y explicar cómo conservaría capacidad para atender otras necesidades, también deben conocerse las condiciones para exigir el cumplimiento del servicio y las consecuencias de un incumplimiento. Existe, además, una responsabilidad política del gobierno estatal encabezado por el PAN. Las decisiones de los organismos bajo su administración deben poder revisarse públicamente, sobre todo cuando sus efectos rebasarían el periodo de gobierno, esa responsabilidad exige responder y presentar información; no permite atribuirle al partido una orden o un beneficio detrás de la propuesta sin contar con pruebas.

Los integrantes del Consejo de la Junta tienen una responsabilidad propia, si el asunto llega a su consideración, deben contar con elementos suficientes para evaluarlo y explicar las razones de su decisión, publicar el proyecto, los costos desglosados y los mecanismos de supervisión permitiría conocer cómo se pretende proteger el patrimonio del organismo.

Para las familias juarenses, esta discusión tiene una consecuencia concreta: que los recursos alcancen para mantener los servicios y ampliar la infraestructura, cualquier compromiso de largo plazo debe considerar las fugas, la renovación de redes y las colonias que todavía esperan mejores condiciones de abastecimiento, sin necesidades que seguirán ahí después de cualquier firma.

A la JMAS y al Gobierno del Estado les corresponde aclarar el asunto dentro de sus responsabilidades. A quien hizo la denuncia, aportar los elementos que la sostengan. Los ciudadanos debemos poder conocer las condiciones mientras todavía sea posible revisarlas y, si hace falta, corregirlas. El presupuesto de una institución que presta un servicio esencial merece ese cuidado.