Ante la ola de violencia que vive Nuevo León, que ayer dejó un saldo de 12 cuerpos mutilados arrojados en distintos puntos de la zona metropolitana, así como una ejecución en un bar de San Pedro, elementos del Ejército arribaron para reforzar las tareas de seguridad.
La Séptima Zona Militar informó que dentro del marco de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública y la Política de Cero Impunidad 100 militares llegaron la mañana de este miércoles a la entidad.
La finalidad es inhibir las actividades de la delincuencia organizada y atender la problemática de seguridad en el municipio de Monterrey y su zona metropolitana. Los elementos llegaron al Aeropuerto Internacional de Monterrey.
Ayer, presuntos miembros del crimen organizado dejaron cuerpos mutilados de al menos 12 personas en seis municipios:
San Nicolás
Juárez
Apodaca
García
Santa Catarina
Monterrey
El secretario de Seguridad en el estado, Gerardo Palacios Pámanes, atribuyó los hechos a una “purga” al interior de un grupo del crimen organizado que tiene su principal residencia en el vecino estado de Tamaulipas.
Los cuerpos estaban en bolsas de plástico negras o bien en hieleras; junto a los restos humanos se dejaron cartulinas con narcomensajes.
Ante estos sucesos se determinó la llegada de las fuerzas castrenses que tienen la misión principal de fortalecer la seguridad en la entidad.
“La misión principal de la Fuerza de Tarea Conjunta México es realizar la planeación y trabajos de inteligencia que fortalezcan el estado de derecho en la entidad y llevar a cabo reconocimientos terrestres y disuasivos en el área metropolitana de Monterrey, así como colaborar con las autoridades en la detención de integrantes de la delincuencia organizada”, detallaron las autoridades militares en un comunicado.
Entre las características de estas unidades destaca su gran movilidad y capacidad de despliegue, el armamento, material, equipo y adiestramiento especializado con el que cuentan para diferentes tipos de actividades, lo cual refuerza las operaciones interinstitucionales que se realizan en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Fiscalía General de la República, así como autoridades estatales y municipales.
