Con la publicación del libro “El consentimiento” de Vanessa Springora, víctima del escritor Gabriel Matzneff, los casos de abuso infantil a menores se han denunciado cada vez más.
“Cada tres minutos, un niño es víctima de agresión sexual” es el mensaje que, desde septiembre, miles de personas han escuchado en Francia, donde el miedo a hablar, sobre todo del incesto, desaparece progresivamente, a la espera de la respuesta del gobierno. Campañas de publicidad, libros premiados, películas, artículos de prensa… El tabú empezó a desaparecer en 2020, en la estela del #MeToo, y este viernes una comisión independiente urgió al gobierno del presidente centrista Emmanuel Macron a ir más allá.
La Ciivise (Comisión Independiente sobre Incesto y Violencia Sexual contra los Niños), impulsada en 2021 por Macron, recomendó declarar imprescriptibles los casos de pederastia, preguntar sistemáticamente a los niños en las escuelas o en el médico si sufren esta violencia y crear un protocolo para tratar las secuelas, entre otras propuestas.
“La violencia sexual contra los niños es un problema de orden público y de salud pública masivo, que destruye y aniquila a multitud de niños”, escribe el copresidente de la Ciivise, el juez Edouard Durand, en el informe llamado “Les creemos”.
Pero ¿Cómo un país, donde hubo una cierta complacencia durante el periodo posterior a 1968 marcado por la liberación de la moral, la sexualidad y la sociedad, ha llegado a erigir esta problemática en causa nacional? Para los expertos, el muro de silencio se empezó a resquebrajar en 2020 con la publicación del libro “El consentimiento” de Vanessa Springora, víctima del escritor Gabriel Matzneff, cuya pedofilia asumida conocía el mundo literario parisino.
Y otro libro, “La Familia Grande”, en el que Camille Kouchner acusa a su padrastro, el conocido politólogo Olivier Duhamel, de haber agredido sexualmente a su hermano mellizo cuando era adolescente, acabó de derrumbar el tabú sobre el incesto.
“Springora provocó un electrochoque”, asegura Pierre Verdrager, sociólogo especializado en pedofilia, para quien esto lanzó un movimiento, impulsado también en el #MeToo, para que las víctimas hablen y la gente escuche. Pero “no es una revolución, no existe el mundo de ayer y el mundo de hoy”, matiza el investigador, que pone por ejemplo a la Iglesia católica en Francia, que no realizó “grandes cambios” tras conocerse el alcance de los abusos sexuales en su seno en 2021.
En octubre de 2021, la Ciase, otra comisión independiente, estimó que unos 216 mil menores fueron víctimas de sacerdotes y religiosos entre 1950 y 2020 en Francia, y que unos 5.5 millones de adultos sufrieron agresiones sexuales en su infancia en general. Otros datos avanzados por la Ciivise completan la fotografía: 160 mil niños son víctimas cada año, un 97% de los agresores son hombres (en un 27% de casos, los padres) y solo un 3% de las agresiones acaban con una condena del agresor (un 1% en caso de incesto).
Laure (pseudónimo) escribió a la Ciivise (que recabó 30 mil testimonios) y explica la “carrera de obstáculos” que supone denunciar un incesto. En su caso, acusa al padre de su hijo de 3 años, del que se había separado. Después de denunciarlo a la brigada de menores, donde la acogida “fue muy mala”, y que un juez dictara medidas de urgencia, la investigación se acabó archivando. Tras una denuncia del padre, perdió la custodia de su hijo, que ahora vive con él, y a quien ve una hora cada 15 días, relata.
“Han venido a quitárnoslo porque hemos roto el silencio”, denuncia Laure, quien recurrió el archivo de la investigación. Y cada vez que visita a su hijo, que le pregunta por qué no puede irse con ella, le dice: “Yo te creo. Tú no has hecho nada malo”, explica.
La comisión aboga, entre sus 82 recomendaciones, por garantizar la seguridad del progenitor protector en caso de incesto parental y del menor, creando órdenes de protección, y un tratamiento de entre 20 y 30 sesiones para atender el trauma físico y psíquico. Los efectos en la salud de una víctima durante toda su vida, así como el despliegue de medios policiales y judiciales, tiene actualmente un costo de casi 10 mil millones de euros anuales (unos 10 mil 800 millones de dólares), advierte la Ciivise.
La primera ministra, Élisabeth Borne, presentará el lunes un plan para luchar contra las agresiones a los menores.
“Llegó el momento de decir alto y pedir acciones urgentes y consecuentes”, reza un llamado a manifestar el sábado lanzado por el grupo Collectif Enfantiste.
Más allá de las medidas que prepara el gobierno, una de las principales incógnitas es cuál será el futuro de la Ciivise. Legisladores, famosos y asociaciones ya pidieron al presidente que la mantenga más allá del 31 de diciembre.
