La Secretaría de la Función Pública (SFP) ratificó que al menos tres funcionarios de Petróleos Mexicanos (Pemex) son responsables de un esquema de desvío de recursos y no se descarta la participación de más funcionarios, de empresas y que el quebranto al erario público sea mayor al que se había estimado.
Irma Eréndira Sandoval, titular de la SFP, confirmó que los funcionarios que fueron encontrados responsables son: Miguel Ángel Lozada Aguilar, actual director de Pemex Producción y Exploración (PEP); Héctor Salvador Salgado Castro, actual subdirector de coordinador operativo y comercial; y Luis Galván Arcos, gerente de operación y control financieros de procesos industriales y logística.
Participaron como firmantes responsables no sólo de seis sino de 25 convenios de Pemex con instituciones públicas de educación superior durante el periodo de 2012 y 2018.
“Confío en que cada uno de los investigados tenga la sensibilidad necesaria para poner de su parte y facilitar las investigaciones”, exhortó la funcionaria.
Sandoval detalló que en estos actos de corrupción la Auditoria Superior de la Federación limitó su investigación a una muestra de 6.4 por ciento de los 7 mil 677 millones de pesos en que se estimó en primera instancia ese esquema de desvío de recursos. El quebranto, recalcó, puede ser aún mayor.
De la muestra seleccionada, aún existen cuatro investigaciones archivadas en las que pudieran existir irregularidades, así como omisiones o negligencia en que podrían haber incurrido funcionarios de la anterior administración durante las indagatorias.
“La SFP realizará auditorias aleatorias sobre otros convenios con característica similares en el mismo periodo de estudio en PEP y en su caso de otras filiales para detectar posibles casos de corrupción”, dijo la secretaria.
Esta estafa fue un esquema tan complejo que requiere una investigación de largo aliento para poder definir a los responsables, recalcó.
“La estafa fue maestra, porque el entramado a partir del cual se operó pretendió ser de perfecta legalidad, aunque con deficiente moralidad.
“El talón de Aquiles de esta estrategia fue el control y los servidores públicos que tenían responsabilidad en verificar que se cumplieran las condiciones de ley y los términos convenidos abdicaron su responsabilidad y los auditores que debieron monitorear el desempeño de los responsables administrativos fueron limitados en el alcance de sus revisiones y omisos para fincar responsabilidades”, expuso Sandoval.
Deploró que ninguna de las seis auditorias relacionadas con Pemex Exploración concluyeron con sanciones administrativas o penales para los responsables durante la anterior administración.
Consideró que deben realizarse modificaciones legales para que los rectores de las universidades también puedan ser perseguidos por el desvío de recursos.
