Cuando el calendario apenas comienza a marcar el rumbo hacia la sucesión gubernamental de 2027, cualquier movimiento político deja de ser casualidad. Y eso ocurrió cuando la gobernadora María Eugenia Campos Galván confirmó que ya tiene en sus manos la denuncia presentada por el Gran Consejo Supremo Indígena de la Sierra Tarahumara contra la senadora con licencia Andrea Chávez.
No se trata de un documento cualquiera. Las comunidades indígenas piden que se investiguen los presuntos vínculos de la legisladora morenista con grupos del crimen organizado, así como el origen de los recursos con los que —afirman— se ha financiado una campaña política anticipada. Acusaciones de ese tamaño no pueden quedarse únicamente en el terreno del discurso político; exigen investigaciones serias, objetivas y con resultados.
Pero Maru Campos no se limitó a confirmar que recibió la denuncia. Aprovechó para recordar que Andrea Chávez ya enfrenta otros señalamientos, entre ellos los relacionados con la presunta venta de terrenos ubicados en reservas ecológicas. En el mismo paquete incluyó a la dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel, al mencionar supuestas irregularidades vinculadas con la comercialización de predios en zonas protegidas del estado.
La denuncia impulsada por Enoel Carrasco Jordán añade otro ingrediente que incrementa la tensión: la preocupación de comunidades serranas por la presencia de personas ajenas a la región y el supuesto interés de grupos criminales en instalar laboratorios clandestinos para la elaboración de drogas sintéticas. Un asunto que rebasa el terreno electoral y entra de lleno en la seguridad pública.
Naturalmente, Morena calificará estos señalamientos como parte de una estrategia política para golpear a quien hoy aparece como una de sus figuras más visibles en Chihuahua. Del otro lado, el Gobierno del Estado insistirá en que las denuncias deben seguir su curso legal y que corresponde a las autoridades determinar si existen o no responsabilidades.
Lo que resulta evidente es que el clima político comienza a calentarse mucho antes del arranque formal de las campañas. Cada denuncia, cada declaración y cada señalamiento serán interpretados bajo el lente de la contienda por venir. Nadie quiere llegar debilitado al 2027 y todos buscan posicionarse desde ahora.
Sin embargo, en medio del intercambio de acusaciones, hay algo que no debería perderse de vista: las denuncias no sustituyen las pruebas, pero tampoco pueden archivarse por tratarse de actores políticos. Si las acusaciones tienen sustento, deberán acreditarse ante las autoridades competentes; si son falsas, también habrá que deslindar responsabilidades.
Porque en Chihuahua ya empezó la batalla por el poder… y apenas estamos viendo el primer capítulo.
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