Se revela que la gobernadora de Baja California habría acordado una reunión en otro país con intermediarios que se identificaron como enlaces estadounidenses
El periodista Héctor de Mauleón dio a conocer este miércoles dos nuevas grabaciones en su columna de El Universal, en las que se escucharía a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, negociar con presuntos intermediarios estadounidenses las condiciones para un encuentro relacionado con su visa cancelada. La difusión ocurre un día después de que la propia mandataria advirtiera que “seguramente seguirían apareciendo más fragmentos” de sus conversaciones.
Primera llamada: reunión en Panamá
En el primer audio, un presunto intermediario informa a la gobernadora que la primera reunión quedó autorizada para finales de agosto en Panamá, decisión que, según se escucha en la conversación, habría sido tomada de forma conjunta por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y el Departamento de Estado de Estados Unidos. El interlocutor explica que se eligió ese país como “territorio neutral” para evitar realizar el encuentro en Estados Unidos o en México.
La mandataria pregunta si sus abogados podrían acompañarla y el intermediario responde que lo consultará con sus superiores en el DHS. En la grabación, Marina del Pilar admite cierta inquietud: “son reglas, leyes que no conozco… sí me inquieta un poco”, aunque agrega que se mantiene “a tus órdenes” para dar seguimiento formal al tema con apoyo de un abogado.
Segunda llamada: de Panamá y Ciudad de México a Tijuana con presuntos agentes de EEUU
En el segundo audio, que incluye tramos en inglés, uno de los interlocutores le explica a la gobernadora que las propuestas iniciales de realizar el encuentro en Panamá y, posteriormente, en Ciudad de México, respondían a que, según dice, “HSI y FBI querían sacarla y hacerlo en un territorio neutral”, y que se buscaba que el proceso fuera manejado con reserva, “que no se filtre a la prensa”.
Un segundo interlocutor, identificado únicamente como parte del equipo de contacto con el FBI, le pregunta directamente a la gobernadora, en inglés, si preferiría reunirse con sus contactos de esa agencia en Tijuana o en Miami, “por razones de logística”. Marina del Pilar responde: “En Tijuana”. Ante esa respuesta, el intermediario en español confirma: “la cosa va a ser directamente con el FBI y ellos están dispuestos aquí a venir a Tijuana”.
El contexto: acusación contra Jaime Bonilla
Estos audios se conocen un día después de que Marina del Pilar acusara al exgobernador Jaime Bonilla de haberle “tendido una trampa” al referirle con los presuntos intermediarios, bajo el argumento de que podrían ayudarla a recuperar su visa. La mandataria ha calificado lo ocurrido como un “complot” y una “venganza política” por parte de su antecesor, y ha sostenido que los audios fueron “manipulados y sacados de contexto”.
Hasta el momento, ni el DHS, ni el Departamento de Estado, ni el FBI han confirmado oficialmente la existencia de esta reunión, y tampoco existe un pronunciamiento público de la gobernadora sobre este fragmento específico de la conversación.
La gobernadora pide que su abogado sea contactado primero
De acuerdo con la grabación, antes de definir el encuentro, el interlocutor en inglés le pregunta a la mandataria si desea que le avisen para llamar a su abogado, o si prefiere que ellos mismos se comuniquen con él. Marina del Pilar responde, combinando español e inglés, que prefiere que su abogado hable primero con ellos y le entregue la información correspondiente, para después decidir “lo que piensen que es mejor para mí en este caso”. El interlocutor coincide en que ese sería el procedimiento a seguir y le indica que, tras colgar, contactaría a “mi lado, el FBI”, para luego continuar el proceso a través de su abogado.
Contexto
Estos audios se suman a las grabaciones difundidas previamente por el mismo columnista, en las que se atribuye a la gobernadora manifestar disposición a compartir información de las mesas de seguridad estatales. Marina del Pilar ha calificado el conjunto de audios como una “manipulación” y ha acusado al exgobernador Jaime Bonilla de haberle “tendido una trampa” al referirle con los presuntos intermediarios.
Sobre las primeras grabaciones, la presidenta Claudia Sheinbaum y el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, señalaron previamente que no existían elementos para considerar la comisión de un delito, al sostener que el contenido conocido hasta ese momento no evidenciaba la filtración de información confidencial ni comprometía la seguridad nacional o estatal.