Por los hechos, se puede especular que una parte importante del poder político de este país todavía sigue concentrada en un rancho de Chiapas, en Palenque para ser exactos. Desde ahí, la política nacional parece mover piezas que terminan impactando directamente en Palacio Nacional.
La reincorporación de Rubén Rocha Moya a la gubernatura de Sinaloa representó una nueva estocada política para la presidenta Claudia Sheinbaum. Todo indica que la mandataria estaba enterada de que el gobernador con licencia intentaría regresar al cargo, pero llamó la atención que lo hiciera aparentemente con el visto bueno de Andrés Manuel López Obrador y sin un respaldo público de la Presidenta ni de Morena.
La ausencia de Sheinbaum en la mañanera, justificada oficialmente por motivos de salud, alimentó todavía más las especulaciones. En política, las coincidencias suelen convertirse rápidamente en señales.
Rocha Moya había permanecido poco más de cien días alejado del Palacio de Gobierno, rodeado de un fuerte dispositivo de seguridad y bajo una presión política cada vez mayor. En ese contexto, diversos acontecimientos relacionados con personajes cercanos al círculo del expresidente López Obrador y las investigaciones que involucran a funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa incrementaron la atención sobre el mandatario.
Quizá Rocha Moya calculó que regresar al cargo le permitiría recuperar un blindaje político e institucional. Como gobernador, tendría mayores dificultades para ser sometido a determinadas acciones y, al mismo tiempo, conservaría la protección de un régimen que durante meses ha sostenido que no existen pruebas suficientes para responsabilizarlo. Pero el blindaje comenzó a mostrar grietas.
El gobernador sinaloense apenas permaneció 24 horas nuevamente en el poder antes de solicitar otra licencia, ahora por tiempo indefinido. Y esta vez el escenario fue completamente distinto.
Ya no apareció el coro legislativo de “no estás solo”. La presidenta Sheinbaum no salió públicamente a defenderlo. Morena calificó la decisión como un asunto personal y la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, mantuvo una postura similar.
Como si fuera poco, los gobernadores emanados de Morena hicieron público un llamado para que Rocha Moya mantuviera la licencia mientras continúan las investigaciones. El mensaje político fue contundente: esta vez, Rocha Moya parece estar solo.
La situación se complicó todavía más luego de que autoridades estadounidenses volvieron a señalarlo por presuntos actos de corrupción y vínculos con el Cártel de Sinaloa. Más allá de las acusaciones y de lo que eventualmente determinen las investigaciones, el costo político para Morena y para el propio gobierno federal resulta cada vez mayor. La pregunta ya no es solamente qué tan fuerte es el blindaje de Rocha Moya, sino quién está dispuesto a seguir pagando el costo político de protegerlo.
Porque una cosa es respaldar políticamente a un gobernador cuestionado y otra muy distinta es hacerlo cuando la presión internacional aumenta, las investigaciones avanzan y dentro del propio partido comienzan a aparecer señales de distanciamiento. Por ahora, el gobernador sinaloense regresó al cargo, comprobó que el respaldo político no era el mismo de antes y terminó solicitando nuevamente una licencia. Demasiado movimiento para apenas 24 horas.
Y mientras Rocha Moya enfrenta un escenario cada vez más complicado, en Palenque seguramente siguen observando cómo se acomodan las piezas del tablero. La gran incógnita es cuánto tiempo más podrá sostenerse ese respaldo y qué ocurrirá si la presión estadounidense aumenta. Porque los blindajes políticos pueden ser muy poderosos, pero también tienen fecha de caducidad. Y el de Rocha Moya acaba de mostrar su primera gran grieta.
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