En un mismo lugar coincidieron dos reclamos que, vistos por separado, parecen distintos, pero juntos exhiben una contradicción difícil de explicar.
Por un lado, madres y padres de familia acudieron a las oficinas estatales de Pueblito Mexicano para exigir docentes frente a los grupos de sus hijos. Por otro, aspirantes a ingresar al servicio educativo se manifestaron para preguntar dónde están las plazas y bajo qué criterios se asignan.
Unos buscan maestros. Los otros buscan la oportunidad de serlo. Desde el inicio del ciclo escolar, las comunidades de las escuelas primarias 18 de Julio y 5 de Mayo, en Ciudad Juárez, reportaron grupos sin docentes asignados. En el caso de la Escuela 18 de Julio, las familias señalaron que estudiantes de segundo, tercero y quinto grado del turno matutino no habían podido iniciar sus clases con normalidad.
Después de acudir ante las autoridades y no obtener una solución concreta, anunciaron una huelga general y el cierre de las instalaciones de Pueblito Mexicano. Sus exigencias fueron claras: docentes para los grupos afectados, una respuesta formal y el regreso de sus hijos a clases.
Al mismo tiempo, profesores y aspirantes de preescolar, primaria y secundaria se manifestaban para exigir transparencia en la asignación de plazas. No pedían solamente trabajo. Solicitaban conocer cuántas vacantes existen, dónde se encuentran, cuáles son temporales, cuáles definitivas y qué criterios se utilizan para distribuirlas.
De acuerdo con cifras proporcionadas por la Secretaría de Educación y Deporte del Estado, en Chihuahua existen 3 mil 103 aspirantes y 390 vacantes entre preescolar y primaria. La autoridad afirmó que únicamente dos de esos espacios son permanentes y el resto corresponde a nombramientos temporales.
Los manifestantes cuestionan esa versión. Aseguran que algunas vacantes aparecen como definitivas en una plataforma y después son ofrecidas como temporales. También afirman haber recorrido escuelas y localizado necesidades de personal que no coinciden con la oferta presentada durante el proceso de asignación.
Son señalamientos que deben investigarse y responderse con documentos. No basta con negarlos ni con trasladar la responsabilidad de una oficina a otra.
La situación tiene más matices que decir simplemente que hay miles de maestros desempleados mientras los salones permanecen vacíos. No todos los aspirantes corresponden al mismo nivel, especialidad o ubicación. Además, obtener una plaza requiere cumplir con un proceso y respetar un orden de prelación.
También existe una diferencia importante entre ofrecer una plaza definitiva y un contrato temporal. La autoridad ha señalado que algunos aspirantes rechazaron cubrir vacantes provisionales porque buscan estabilidad laboral. En la Escuela Francisco González Bocanegra, por ejemplo, se reportó la falta de nueve maestros y se convocó a aspirantes para cubrir temporalmente esos espacios, pero varios no aceptaron esas condiciones.
Este dato puede utilizarse para responsabilizar a los docentes y decir que no quieren trabajar. Sería una conclusión demasiado fácil. Después de años de preparación y de cumplir con un proceso de admisión, es comprensible que busquen certeza laboral y cuestionen por qué una necesidad que continúa dentro de una escuela solamente genera contratos por algunos meses.
Pero tampoco sería correcto afirmar que cada vacante temporal debe convertirse automáticamente en una plaza definitiva. Para saberlo se necesita información clara sobre su origen, duración, presupuesto y condiciones. Precisamente esa transparencia es la que están solicitando los aspirantes.
La autoridad estatal sostiene que USICAMM, como instancia federal, determina las plazas que serán ofertadas. Sin embargo, el Gobierno del Estado recopila la información de las regiones, registra las necesidades de los planteles y participa en la operación del proceso. Por eso no puede limitarse a responder que el asunto corresponde a la Federación.
Cuando una niña o un niño no tiene maestro, poco le importa qué nivel de gobierno administra la plaza. La distribución de competencias puede explicar el procedimiento, pero no debe convertirse en pretexto para prolongar el problema.
Lo que tenemos es un sistema incapaz de conectar sus dos extremos: escuelas que necesitan docentes y docentes preparados que no encuentran condiciones claras para ingresar a ellas.
Las familias merecen saber cuándo regresarán sus hijos a clases con normalidad. Los aspirantes merecen conocer el número real y el tipo de vacantes disponibles. La ciudadanía merece una explicación sobre por qué un ciclo escolar comienza con grupos sin maestro mientras cientos de profesores se manifiestan para pedir un espacio.
La solución no consiste en enfrentar a padres contra docentes ni en señalar a los aspirantes como responsables de los salones vacíos. Tampoco en repartir culpas entre el Gobierno estatal y la Federación. Consiste en revisar las necesidades reales de cada plantel, transparentar todas las vacantes y coordinar una respuesta inmediata.
La educación pública no puede sostenerse con contratos inciertos, información contradictoria y comunidades obligadas a protestar para ser escuchadas.
Hay estudiantes esperando clases. Hay docentes esperando una oportunidad. Lo que falta es una autoridad capaz de unir ambas necesidades con transparencia, coordinación y responsabilidad.
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