ESENCIA Y VOZ Por Karina Villegas
A Juárez se le reconoce con facilidad su importancia cuando se acercan las elecciones, se habla de su fuerza económica, de su historia, de su gente trabajadora y de todo lo que aporta a Chihuahua. El reconocimiento se escucha bien, pregunta es cómo se convierte en decisiones que mejoren la vida de quienes habitan esta frontera.
El sábado 10 de octubre, el PAN reunió a militantes y simpatizantes en el Centro Histórico para la toma de protesta de Marco Bonilla como coordinador estatal de la Defensa de la Patria, la Familia y la Libertad. La presencia de la gobernadora Maru Campos y del dirigente nacional Jorge Romero dio al encuentro un respaldo político claro. Fue un acto de organización partidista con la mirada puesta en 2027.
Elegir Juárez como sede tiene una lectura política evidente: cualquier proyecto que aspire a gobernar Chihuahua necesita construir una relación con esta ciudad. Su población, su actividad económica y su peso electoral obligan a tomarla en cuenta. Pero esa relación merece medirse más allá de una visita, una concentración o un discurso.
Convocar es parte del trabajo de los partidos, la asistencia a sus encuentros merece respeto, igual que el derecho de cada persona a respaldar el proyecto que considere conveniente. Sin embargo, una plaza concurrida muestra capacidad de movilización; para conocer la confianza ciudadana hace falta observar también lo que ocurre cuando termina la música y cada familia vuelve a su rutina.
Durante su intervención, Bonilla sostuvo que Juárez debe recibir lo que le corresponde y planteó que los recursos generados por el trabajo de los juarenses deben regresar a la ciudad. También destacó la Torre Centinela como una obra relevante del actual gobierno estatal.
Ahí aparece una pregunta que merece desarrollarse: si el PAN reconoce que Juárez necesita una atención acorde con su importancia, ¿por qué esa exigencia se presenta como una promesa futura cuando su partido ya gobierna Chihuahua? Quienes hoy piden confianza cuentan con una administración estatal sobre la cual pueden presentar resultados, explicar pendientes y asumir responsabilidades.
Hablar de darle a Juárez lo que merece es reconocer que todavía hay una deuda por atender. Y esa deuda también debe examinarse desde las decisiones del gobierno estatal, resulta cómodo señalar las carencias de la frontera desde un escenario; más difícil es explicar qué se ha hecho con las facultades y los recursos que ya se tienen.
La discusión tendría que incluir cuánto se ha invertido, cómo se establecieron las prioridades y qué falta por resolver, también debería explicar qué cambiaría una próxima administración respecto de la actual. Con el respaldo público de la gobernadora, el proyecto de Bonilla aparece ligado a esa continuidad y presentarlo como una alternativa diferente exige explicar dónde estaría la diferencia.
En seguridad, por ejemplo, valorar una infraestructura requiere revisar su funcionamiento y sus efectos. La Torre Centinela deberá demostrar su utilidad mediante resultados que puedan conocerse y evaluarse: capacidad de respuesta, coordinación y aportación a la protección de la población. Su presencia en el paisaje no alcanza para dar por cumplida esa responsabilidad.
Lo mismo ocurre con los compromisos sobre transporte, agua o infraestructura. Para una familia, una inversión importa por el tiempo que tarda en trasladarse, la disponibilidad de un servicio y la atención que recibe cuando lo necesita, esa experiencia cotidiana debe pesar más que la celebración partidista de una obra. Reconocerlo también obliga a admitir que el gobierno municipal tiene pendientes. Ninguna autoridad debe quedar fuera de la rendición de cuentas, pero esos rezagos no borran la responsabilidad estatal ni hacen del PAN, por sí mismos, una opción renovadora. Corregir lo que falta requiere examinar propuestas, trayectorias y formas de gobernar, incluso entre equipos que comparten unas mismas siglas.
Por eso merece atención el lenguaje de “recuperar” Juárez utilizado en el encuentro, espacios electorales es una aspiración partidista legítima. La ciudadanía, en cambio, necesita saber qué ganaría con esa oferta, la frontera ha construido su fuerza con el trabajo de sus habitantes y merece un proyecto que reconozca ese esfuerzo en sus decisiones.
Este criterio debe aplicarse a todas las fuerzas políticas. También permite reconocer que los cambios pueden construirse desde quienes escuchan a las comunidades, revisan sus propias prácticas y entienden la participación como una tarea que continúa después de la elección. El evento panista dejó un mensaje de organización rumbo a 2027. Ahora corresponde examinar el contenido de esa oferta y contrastarlo con el gobierno que la respalda, el PAN tiene derecho a pedir una nueva oportunidad; Juárez tiene derecho a preguntar qué ha hecho con la que ya tiene.
Conectajuarez no se hace responsable de los puntos de opinión de los columnistas que participan en este medio de comunicación, es responsabilidad única de quien lo escribe, el autor sostiene cada uno de sus argumentos.