RAYOS Y CENTELLAS Por Luis Carlos Carrasco
¡Vaya semanita la del Instituto Nacional Electoral! Entre contratos millonarios bajo sospecha, presuntas empresas hechas a la medida, adjudicaciones sin licitación y auditorías que ya tienen a la institución bajo la lupa, ahora también comenzó a circular la versión de que su consejera presidenta, Guadalupe Taddei Zavala, habría presentado su renuncia.
¡Párenle tantito, que todavía falta revisar las facturas!. La versión apareció en canales oficiales del propio organismo, pero después fue retirada, como para ponerle todavía más salsa a unos tacos que ya venían bastante cargados. Y, claro, cuando una información de esa naturaleza aparece y desaparece sin una explicación contundente, las especulaciones hacen su agosto, aunque estemos en octubre.
Por supuesto, una cosa es que la renuncia se haya difundido y otra que esté confirmada oficialmente. Mientras no exista una comunicación institucional clara, el supuesto adiós de Taddei debe mantenerse en el terreno de las versiones. Pero el simple episodio ya le agregó otro ingrediente a la crisis de credibilidad que amenaza con instalarse en el árbitro electoral.
Y es que el periódico Reforma publicó una serie de reportajes sobre presuntas irregularidades en contratos millonarios, empresas que habrían sido creadas a modo y adjudicaciones que, según esas publicaciones, se realizaron sin licitación. También se cuestionaron contrataciones de personal en puestos clave que presuntamente no habrían pasado por el Consejo General.
¡Qué cosas! Resulta que la institución encargada de vigilar que las elecciones se desarrollen conforme a las reglas ahora tiene que explicar si en su propia casa se respetaron los procedimientos administrativos.
¡Piso parejo para los partidos, pero también para los proveedores! Porque si hubo contratos asignados sin cumplir las reglas, la pregunta no es quién se enoja con las publicaciones, sino quién autorizó las operaciones, con qué justificación y bajo qué controles.
Y cuando parecía que el asunto no podía ponerse más incómodo, aparecieron las fotografías del hijo de la consejera presidenta en un hotel de París, acompañado, según las versiones difundidas, por una persona vinculada con uno de los proveedores favorecidos por el instituto. ¡París, la ciudad del amor, de la Torre Eiffel y ahora también de las preguntas incómodas!
Las imágenes y los señalamientos han provocado cuestionamientos sobre posibles conflictos de interés y el eventual uso de recursos. Sin embargo, conviene poner los pies sobre la tierra: una fotografía no demuestra por sí sola una conducta ilegal, ni la relación entre dos personas acredita automáticamente un conflicto de interés. Para eso están las investigaciones, los documentos y las pruebas.
Pero hay una pregunta que no se resuelve con una sonrisa para la cámara: ¿quién pagó la estancia y bajo qué circunstancias?
Porque, según las cifras que han circulado, la tarifa por noche del hotel rondaría los 200 mil pesos mexicanos. ¡Doscientos mil pesos por una noche! A ese precio, uno ya no pregunta si incluye desayuno; pregunta si también viene con auditoría, servicio de transparencia y explicación detallada de la factura.
Eso sí, antes de dar por buena esa cantidad como un gasto efectivamente realizado, habrá que confirmar la tarifa aplicable, las condiciones de la reservación y quién cubrió el costo. Una cosa es el precio que se menciona y otra demostrar cuánto se pagó realmente.
La autonomía electoral no significa patente de corso, y la independencia de una institución no la coloca por encima de las auditorías ni de la obligación de rendir cuentas. Al contrario: quien tiene en sus manos la organización de los procesos democráticos debe ser especialmente cuidadoso con cada peso del presupuesto.
Y aquí es donde la ironía se escribe sola. Durante años, el INE ha sido protagonista de debates sobre democracia, legalidad, transparencia y vigilancia de los procesos electorales. Ahora le toca demostrar que esos principios también se aplican puertas adentro, donde los contratos y las decisiones administrativas no deberían convertirse en secretos de Estado.
Si las irregularidades se confirman, no bastará con retirar publicaciones, emitir comunicados ambiguos o sacrificar a algún funcionario para dar por cerrado el capítulo. Tendrán que deslindarse responsabilidades y aplicarse las sanciones que correspondan. Y si las acusaciones no se sostienen, también deberá aclararse, con documentos y datos verificables, qué ocurrió realmente.
Porque la transparencia no consiste en publicar solamente lo que conviene ni en borrar lo que incomoda. Mucho menos cuando se trata de una institución cuya credibilidad es fundamental para la vida democrática del país.
Por lo pronto, entre auditorías, reportajes, fotografías parisinas y una renuncia que necesita confirmación oficial, el INE tiene bastante tarea pendiente.
Y QUE NADIE SE CONFUNDA: EL ESCÁNDALO NO SE RESUELVE CAMBIANDO AL ÁRBITRO, SINO ACLARANDO SI HUBO FALTAS Y QUIÉN LAS COMETIÓ.
Porque si el organismo encargado de vigilar que nadie haga trampa termina bajo sospecha por sus propias contrataciones, entonces la pregunta ya no es quién está pitando el partido, sino quién está revisando las jugadas en los vestidores.
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