La gobernadora del estado, María Eugenia Campos Galván, decidió reunirse en un restaurante del Distrito 1 con su secretario general de Gobierno, Santiago de la Peña, y con el fiscal general, César Jáuregui. El lugar no fue casualidad.
En política, la forma es fondo. Y elegir un espacio visible, público y cargado de simbolismo envía un mensaje claro: quién conduce, quién ordena y quién marca la línea en Chihuahua. Porque, de haber querido discreción, bastaba con citarlos en su despacho. Pero no. La escena fue construida.
El trasfondo es evidente para quienes siguen de cerca la dinámica interna del poder: ambos funcionarios están en ruta hacia la candidatura a la alcaldía de la capital, y en ese trayecto han comenzado a tensar la cuerda más de lo conveniente.
Las versiones de confrontación —alimentadas por encuestas y posicionamientos— no solo incomodan, también desgastan. Y ahí es donde entra el mensaje político de la gobernadora: bajar el volumen, al menos un decibel, antes de que el ruido se convierta en conflicto abierto.
Porque si algo saben los analistas es que las encuestas son herramientas volátiles. Suben, bajan y, muchas veces, responden más a intereses que a realidades. No son, ni de lejos, el termómetro definitivo del poder. Lo que sí pesa es la percepción pública.
Y en ese terreno, no resulta bien visto que un secretario general de Gobierno —cuya responsabilidad es garantizar condiciones de equidad— y un fiscal —encargado de la procuración de justicia— se confronten desde sus cargos. La política exige disciplina, pero, sobre todo, Timing. Y en este caso, el mensaje parece claro: primero el orden interno, luego las aspiraciones. Porque en la antesala electoral, no gana quien más ruido hace, sino quien mejor entiende cuándo hablar… y cuándo guardar silencio.
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