Desde Estados Unidos, la DEA soltó una pieza clave que cambia por completo la narrativa oficial: los norteamericanos que murieron en la sierra de Chihuahua no eran turistas ni observadores accidentales, sino personal especializado de la agencia antidrogas, desplegado en una operación de alto nivel.
La revelación, confirmada por medios estadounidenses, deja más preguntas que respuestas. No se han detallado las tareas específicas, pero el contexto habla por sí solo: un operativo para asegurar un narcolaboratorio de metanfetaminas, descrito como uno de los más grandes del mundo. Difícil pensar en improvisación o en presencia incidental.
La implicación más delicada es política. Una operación de esa naturaleza no ocurre sin autorización del Gobierno Federal. Eso colocaría inevitablemente a la presidenta Claudia Sheinbaum en conocimiento previo de los hechos, pese a que públicamente se ha deslindado. Y si además participaron elementos del Ejército Mexicano, la línea de mando se vuelve imposible de ignorar.
Aquí hay solo dos escenarios: o la presidenta sabía, o no sabía. Ninguno es cómodo. El primero contradice su postura pública; el segundo abre una crisis aún mayor sobre control y coordinación de las fuerzas armadas.
La solicitud de informes a Estados Unidos y al Gobierno de Chihuahua parece más un movimiento de contención que una búsqueda genuina de claridad. De Washington es previsible el hermetismo. Pero a nivel estatal, donde sí hay información directa, el margen para sostener versiones frágiles es mucho menor.
Y ahí surge el verdadero problema: la narrativa. Decir que los agentes estadounidenses recibieron “un rait” o que estaban en funciones de capacitación con drones no solo resulta poco creíble, sino que raya en lo ofensivo para una opinión pública que entiende la magnitud de lo ocurrido.
Mientras tanto, el fiscal César Jáuregui y la gobernadora María Eugenia Campos han optado por alinearse con la versión federal, una postura políticamente conveniente pero difícil de sostener conforme emergen más datos.
El costo de esta estrategia será inevitable. Porque en temas de seguridad, especialmente cuando involucran cooperación internacional y presencia de agentes extranjeros, la opacidad no solo erosiona la confianza: también debilita al Estado.
La pregunta ya no es qué pasó en la sierra de Chihuahua, sino cuánto tiempo más podrá sostenerse una versión que cada vez convence a menos.
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