Finalmente, el fiscal general del Estado, César Jáuregui Moreno, presentó su renuncia con carácter irrevocable. Lo hizo —según sus propias palabras— por congruencia y en aras de la transparencia, con el objetivo de permitir que se desarrollen sin obstáculos las investigaciones en torno a los hechos ocurridos entre el 17 y 19 del mes. En ese lapso no solo se aseguró uno de los narcolaboratorios de metanfetaminas más grandes del país, sino que además se registró la muerte accidental de personal de la Agencia Estatal de Investigación y de agentes de la CIA.
La dimisión se confirmó durante la tarde-noche de ayer, aunque desde la mañana ya circulaban versiones sobre su salida. La ausencia del fiscal en la mesa estatal de seguridad —a la que nunca faltaba— encendió las alertas y alimentó las especulaciones.
Horas antes, la gobernadora María Eugenia Campos Galván había sido cuestionada sobre posibles cambios en su gabinete relacionados con los acontecimientos en el municipio de Morelos. Su respuesta fue tajante: no había intención de realizar ajustes. Sin embargo, los hechos terminaron marcando un rumbo distinto.
En un mensaje breve, Jáuregui Moreno asumió la responsabilidad política de lo ocurrido y dejó en claro que su decisión buscaba facilitar el esclarecimiento de los hechos. Su postura, más allá de interpretaciones, envía una señal poco común en la vida pública: la disposición de apartarse del cargo para no interferir en el curso de la justicia.
La renuncia se da después de una reunión clave con el secretario federal de Seguridad Pública, Omar García Harfuch, en la que participaron también la gobernadora y el secretario estatal de Seguridad Pública, Gilberto Loya. Ese encuentro parece haber sido determinante en la toma de decisiones.
En paralelo, desde el ámbito federal, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo desestimó la llamada Comisión de la Verdad impulsada por el gobierno estatal para investigar el caso. Más aún, acotó las posibles responsabilidades a dos figuras: el fiscal o el secretario de Seguridad de Chihuahua, lo que sugiere que el margen de maniobra política ya estaba delineado.
Así, la salida de Jáuregui no puede entenderse únicamente como un acto individual. Todo apunta a un acuerdo político que privilegia la gobernabilidad y la coordinación con la Federación. Una decisión que, aunque presentada como voluntaria, refleja también las tensiones y equilibrios que hoy marcan la relación entre los distintos niveles de gobierno.
Habrá que ver si este movimiento abre realmente la puerta a una investigación a fondo o si, como suele ocurrir, se convierte en un relevo que absorbe el costo político sin modificar de raíz las condiciones que dieron origen a la crisis.
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