En su segundo informe, Sheinbaum acusó a sectores opositores de aliarse con intereses extranjeros para recuperar el poder, en el contexto del caso CIA-Chihuahua
El segundo Informe de Rendición de Cuentas de la presidenta Claudia Sheinbaum no fue solo un recuento de cifras. Desde antes de subir al estrado, la mandataria dejó claro que el evento también funcionaría como respuesta política a lo que su gobierno denomina presiones e injerencias externas sobre México.
“Al estilo de Felipe Calderón, que llenó el país de muerte y de sangre con la fallida guerra contra el narco; su alianza con un cártel de la droga fue demostrada con creces: ese fue el narcogobierno”, sentenció, citando incluso al escritor Carlos Monsiváis para afirmar que “la verdadera doctrina del conservadurismo es la hipocresía”.
La presidenta fue más lejos y enmarcó el fenómeno en una crítica más amplia a los 36 años de gobiernos neoliberales: “Entregaron la riqueza del pueblo y de la nación a unos cuantos. La política económica era dictada desde el exterior y permitieron la injerencia del Gobierno de Estados Unidos en buena parte de las decisiones de la vida pública de México”, recordando además que “Ernesto Zedillo pactó en Estados Unidos la salida del PRI y la llegada del PAN a la Presidencia, a cambio de un préstamo de 40 mil millones de dólares para atender la crisis que ellos mismos provocaron”.
El contexto del informe se volvió aún más tenso: días antes, la Fiscalía General de la República (FGR) había citado a declarar a la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, en el marco de una investigación sobre la presencia de agentes de la CIA en un operativo realizado en territorio mexicano sin autorización federal.
Sheinbaum aclaró que la comparecencia de Maru Campos ante la FGR no significaba una acusación directa en su contra, sino que la investigación se relaciona con la presencia de personas extranjeras durante un operativo de seguridad en territorio mexicano.
Sin embargo, el PAN convirtió el citatorio en bandera política, acusando al gobierno de persecución. Sheinbaum fue directa: “No se le está imputando nada. A la gobernadora se le convocó para que pudiera dar su versión sobre lo que ocurrió”.
Lo que muchos leyeron como un ataque selectivo a la oposición se complicó cuando trascendió que la FGR también investigaba a funcionarios del propio partido gobernante. Entre los citados a entrevista figuran el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, el senador morenista Enrique Inzunza y el presidente municipal con licencia de Culiacán, Juan de Dios Gámez, luego de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos solicitara la detención urgente con fines de extradición de 10 funcionarios mexicanos por presuntos nexos con una facción del Cártel de Sinaloa.
Sheinbaum exigió que Washington presentara pruebas antes de actuar, marcando distancia frente a lo que consideró una extralimitación del gobierno estadounidense.
La oposición, señalada por alianzas con el extranjero
En este escenario, la presidenta elevó el tono. Acusó a sectores de la oposición de buscar alianzas con gobiernos extranjeros y grupos de derecha de otros países para intentar recuperar el poder político en México, afirmando: “Dicen: vamos a aliarnos con gobiernos extranjeros, con la derecha del extranjero, para que podamos regresar a gobernar México. Pero eso no va a pasar”.
Alertó que hay organizaciones en Estados Unidos a las que no les gustan los gobiernos que hacen caso al pueblo, y señaló que la oposición mexicana tiene actualmente mucha relación con organizaciones extranjeras, mencionando como ejemplo la visita de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, traída por el PAN.
Una reforma como respaldo legislativo
El discurso de Sheinbaum no llegó solo. El bloque oficialista de Morena, PT y PVEM impulsó recientemente una reforma constitucional que incorpora una nueva causal para anular elecciones cuando se detecte una “injerencia extranjera” que influya en los resultados electorales, lo que la oposición califica como un mecanismo de control político.
Para Sheinbaum, en cambio, es la garantía de que las conquistas del pueblo no tendrán marcha atrás, sin importar la presión que se ejerza desde fuera del país.