En este mes de abril, Leyla Monserrat estaría cumpliendo 16 años. Quizá hoy estaría celebrando con su familia, con amigas, con esa vida cotidiana que a veces damos por hecha.
Pero no fue así.
El 25 de septiembre de 2025, en Sonoyta, Sonora, su historia se detuvo. Tenía 15 años cuando fue asesinada por dos adolescentes. No por desconocidos. No en un contexto lejano o ajeno. Fueron personas cercanas, sus amigas, quienes la engañaron con el pretexto de una sorpresa, la llevaron a un lugar apartado, la ataron, la asfixiaron… y todavía grabaron el crimen.
No fue un impulso, no fue un accidente. Fue un acto planeado.
Y eso cambia todo.
Durante meses, el caso permaneció en ese espacio incómodo donde conviven el dolor y la incertidumbre. Hasta que, a finales de marzo de 2026, la sentencia comenzó a hacerse pública.
Y con ella, llegó otra forma de golpe.
Menos de tres años de internamiento para una de las responsables, menos de un año en libertad asistida para la otra, una reparación del daño que apenas supera los cinco mil pesos y que ni siquiera alcanzaría para los gastos funerarios.
Se supo poco y de forma dispersa. Lo suficiente para entender el resultado, pero no para comprender del todo el proceso.
Aun así, el mensaje fue claro; El caso de Leyla hoy se convierte en referencia no solo por la brutalidad del crimen, ni por la edad de las agresoras sino porque ya tiene una resolución. Sin embargo, no es el único caso tenemos otros hechos recientes, como el ocurrido en marzo de este año en Lázaro Cárdenas, Michoacán, donde un adolescente de 15 años asesinó a dos maestras dentro de una escuela y cuya sentencia aún no se conoce.
En medio de esto, surge una discusión que no podemos seguir evitando: la de los menores infractores.
El sistema de justicia para adolescentes en México está construido bajo una lógica de reinserción. Parte de una idea necesaria: que los menores tienen la posibilidad de reconstruir su vida y que el castigo no debe ser el único camino.
Pero esa lógica empieza a tensarse cuando se enfrenta a crímenes que ya no parecen responder a la impulsividad de la edad.
Porque lo que ocurrió en Sonora no fue espontáneo. Y lo que pasó en Michoacán tampoco lo fue.
Hay planeación.
Hay intención.
Hay conciencia.
Y entonces la pregunta cambia.
Ya no es solo ¿cuántos años tienen quienes cometen el delito?; es ¿qué tan proporcional es la respuesta de la justicia frente a lo que hicieron?.
Porque hoy, para muchas personas, las sanciones no corresponden con la gravedad de los hechos. Y la llamada reparación del daño —esa figura que debería acercarse a la justicia— termina siendo simbólica, insuficiente, incapaz de responder al tamaño de la pérdida.
No alcanza, ni repara.
Pero tampoco se trata de caer en soluciones simples, endurecer penas sin entender el contexto tampoco resuelve el problema de fondo. La discusión no puede quedarse en castigar más, sino en legislar mejor.
En revisar si los marcos legales actuales contemplan la complejidad de lo que hoy está ocurriendo. En analizar si existen criterios suficientes para distinguir entre conductas impulsivas y delitos con planeación, en preguntarnos si el sistema realmente está logrando reinsertar… o simplemente está dejando pasar.
Hablar de menores infractores hoy exige más que posturas emocionales, exige diagnóstico, responsabilidad y voluntad política.
No se trata de renunciar a la idea de la reinserción. Se trata de que la justicia también tenga sentido para quienes ya no están.
Tal vez ahí está el verdadero reto.
Construir un sistema que no pierda de vista la edad, pero que tampoco ignore la gravedad, que entienda el contexto, pero que no minimice el daño. Que mire hacia el futuro, sin dejar de responder al presente.
Es claro lo que estos casos nos están diciendo; la realidad cambió y en teoría la ley también debería hacerlo.
Conectajuarez no se hace responsable de los puntos de opinión de los columnistas que participan en este medio de comunicación, es responsabilidad única de quien lo escribe, el autor sostiene cada uno de sus argumentos.