LA CIA Y SU OPERACIÓN EN MÉXICO

RAYOS Y CENTELLAS Por Luis Carlos Carrasco

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Desde Estados Unidos ya “salió el peine”. No fue un analista cualquiera ni un comentarista de ocasión, sino un actor con peso institucional quien puso en palabras lo que durante años se ha manejado en voz baja: la cooperación entre México y Estados Unidos en materia de inteligencia y operaciones especiales es más profunda de lo que públicamente se reconoce.

El congresista republicano Michael McCaul lo dijo sin rodeos: resulta inverosímil que la presidenta Claudia Sheinbaum desconociera operaciones de la CIA en territorio mexicano. La afirmación no sólo apunta a una persona o a un gobierno, sino a una narrativa completa que ha intentado sostenerse desde la política doméstica: la de una soberanía ejercida sin interferencias externas en temas de seguridad.

Pero la realidad —esa que rara vez cabe en los discursos— es otra. México y Estados Unidos comparten una frontera, pero sobre todo comparten amenazas: crimen organizado transnacional, tráfico de drogas, armas, personas. Pensar que cada país actúa en aislamiento es, en el mejor de los casos, ingenuo; en el peor, deliberadamente engañoso.

Las palabras de McCaul tienen peso específico. No habla desde la especulación, sino desde su posición al frente del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, un espacio donde la cooperación bilateral no es teoría, sino práctica cotidiana. Su declaración, por tanto, no revela algo nuevo, pero sí rompe —aunque sea parcialmente— el acuerdo tácito de discreción.

Y ahí está el punto central: la coordinación existe, siempre ha existido, pero políticamente se administra. Se dosifica. Se niega o se matiza dependiendo del momento, del contexto interno, de las presiones ideológicas o electorales.

En México, reconocer abiertamente la participación de agencias estadounidenses suele ser políticamente costoso. La historia pesa, y la narrativa de soberanía sigue siendo un recurso poderoso. En Estados Unidos, en cambio, la cooperación se asume con mayor pragmatismo: lo importante es que funcione.

El problema no es la colaboración en sí —que resulta lógica e incluso necesaria—, sino la brecha entre el discurso público y la realidad operativa. Esa distancia erosiona la confianza ciudadana y convierte un tema estratégico en un juego de simulación política.

Si algo dejan claro estas declaraciones es que el debate ya no puede seguir girando en torno a negar lo evidente. La verdadera discusión debería centrarse en los términos de esa cooperación: su alcance, sus límites, su supervisión y, sobre todo, su transparencia.

Porque al final, más allá de quién “sabía” o quién “no sabía”, lo que está en juego es algo mucho más profundo: la forma en que un país define su soberanía en un mundo donde la seguridad, nos guste o no, es cada vez más compartida.

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