Como era de esperarse —porque en política lo predecible también tiene su encanto—, el Gobierno de México decidió desestimar la petición del Departamento de Defensa de Estados Unidos para arrestar a varios personajes clave de la vida pública sinaloense. Entre ellos, el gobernador Rubén Rocha, el senador Enrique Inzunza, el alcalde de Culiacán Juan de Dios Gámez, además de otros funcionarios y exfuncionarios.
El detalle que no pasa desapercibido —ni aquí ni del otro lado de la frontera— es que todos comparten algo más que cargos públicos: militan en Morena y están señalados por la Fiscalía del Sur de Nueva York por delitos que no precisamente caben en una falta administrativa menor. Narcotráfico, secuestro, tortura, asesinato y posesión de armas de fuego… una lista que, de confirmarse, no solo sacudiría la política local, sino la narrativa completa del poder en México.
La respuesta de la Fiscalía General de la República no se hizo esperar. Llegó puntual, casi quirúrgica: no hay elementos probatorios suficientes. Traducción política: no procede. Traducción diplomática: veremos después. Porque cuando se habla de acusaciones que implican penas mínimas de 40 años y máximas de cadena perpetua en Estados Unidos, el tiempo también se convierte en una estrategia.
El argumento es técnico, sí, pero también conveniente. La falta de pruebas —según la FGR— frena el proceso. Aunque, en estos casos, la línea entre la defensa del debido proceso y la administración del tiempo suele ser más delgada de lo que parece.
Mientras tanto, el tema ya cruzó fronteras y se instaló en la conversación internacional. Y ahí es donde la historia deja de ser exclusivamente jurídica para convertirse en un dilema político de alto voltaje. La presidenta de México se encuentra, literalmente, entre la espada y la pared: colaborar con Estados Unidos y asumir el costo interno de entregar a figuras de su propio movimiento, o cerrar filas y enfrentar las consecuencias externas de esa decisión.
Porque negarse a una solicitud de esta magnitud no es cualquier cosa. No se trata de un desacuerdo menor ni de una diferencia de interpretación legal. Es un mensaje. Y los mensajes, en la relación bilateral México–Estados Unidos, rara vez son inocentes.
Más aún cuando, del lado estadounidense, los cárteles mexicanos han sido colocados bajo la lupa de organizaciones terroristas en términos de política pública. Esa clasificación no es simbólica: abre la puerta a presiones más agresivas, a medidas menos diplomáticas y a escenarios que, hasta hace poco, parecían impensables.
Así, México defiende su soberanía —al menos en el discurso— mientras el ruido de las acusaciones crece. Y en medio de todo, queda una pregunta incómoda flotando en el aire: ¿se está protegiendo la legalidad… o simplemente a los propios?
Porque en este juego, lo que está en riesgo no es solo la relación con Estados Unidos, sino algo mucho más difícil de reconstruir: la credibilidad.
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