Ocho personas fueron detenidas por homicidio doloso calificado: cuatro integrantes del Grupo Sombra y cuatro policías municipales de Ixhuatlán del Sureste que apoyaban logísticamente al grupo criminal
La Fiscalía General del Estado de Veracruz confirmó el hallazgo del cuerpo de Roxana Berenice Guzmán Ramírez en un rancho del municipio de Moloacán, 24 días después de su secuestro. El paradero del cadáver lo reveló el propio detenido tras su captura.
José Del Carmen Cadena Escayola, conocido como “Delta 7”, fue arrestado en Coatzacoalcos por elementos de la Secretaría de Marina en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz. Una vez detenido, el presunto responsable señaló el lugar donde fue ultimada la periodista.
Ocho arrestados y cuatro alias en el expediente
La Fiscalía acreditó ante la autoridad judicial que el homicidio fue obra de un grupo con división de tareas. Tres de los imputados enfrentan cargos por participar directamente en la privación ilegal de la libertad de la comunicadora: Javier Iván, alias “Delta 1” y líder del Grupo Sombra; José del Carmen Cadena Escayola, alias “Delta 7”; y Luis Arturo, alias “Delta 11” o “El Pelón”.
Esos tres actuaron, de acuerdo con la investigación ministerial, en complicidad con Karen Monserrat, alias “La Hiena”, en el homicidio posterior de la periodista.
Los cuatro detenidos restantes son Julio César, Luis Enrique, Juan Carlos e Ismael, quienes al momento de los hechos se desempeñaban como policías municipales de Ixhuatlán del Sureste. La investigación estableció que presuntamente proporcionaban recursos, alimentos y apoyo logístico a las operaciones del grupo delictivo.
Todos fueron puestos a disposición del órgano jurisdiccional, que en una próxima audiencia inicial determinará su situación jurídica.
La detención que llevó al cuerpo y al líder del Grupo Sombra
La captura de José del Carmen Cadena Escayola, alias “Delta 7”, fue producto de semanas de operaciones de inteligencia coordinadas entre la Secretaría de Marina, la FGE, CONASE y otras corporaciones estatales y federales.
Según las autoridades, Cadena Escayola participó de forma directa en la privación ilegal de la libertad de Roxana Guzmán Ramírez. Su arresto resultó determinante para el avance del caso: la información que proporcionó permitió localizar el rancho donde yacía el cuerpo de la comunicadora. En el sitio, personal naval resguardó la escena hasta la llegada de los peritos forenses.
Asimismo, las declaraciones de “Delta 7” resultaron esenciales para identificar y capturar a Javier Iván “N”, conocido como “Delta 1”, señalado como jefe operativo del Cártel Mafia Veracruzana o Fuerzas Especiales Grupo Sombra. Esta detención representó un giro clave en la investigación y el desmantelamiento parcial del grupo responsable.
Sin embargo, la Fiscalía aclaró que este Javier Iván “N” no debe confundirse con Armando Núñez Gómez, un individuo con el mismo alias (“Delta 1”) pero ligado al CJNG, quien fue detenido en octubre de 2024 en Zapopan y extraditado a Estados Unidos en diciembre de 2025.
El secuestro del 2 de junio
La mañana del 2 de junio, alrededor de las 6:00 horas, tres hombres armados y encapuchados irrumpieron en el domicilio de Guzmán Ramírez en la calle Balderas de la colonia Primero de Mayo, en Nanchital. La periodista alcanzó a grabar parte del momento con su celular antes de que uno de los agresores se lo arrebatara.
En el video, los sujetos vestidos de negro golpeaban la puerta con un marro. El hermano de Roxana les pedía que se detuvieran y les advertía que había una bebé en el interior.
Cuando los hombres lograron entrar, uno le apuntó con un arma larga, sometieron a los presentes y se llevaron a la periodista. Ahí se cortó la grabación.
Una historia de violencia que viene de 2017
El caso de Roxana Guzmán no comenzó el 2 de junio. El 11 de marzo de 2017, su esposo, Carlos Fernández Escalante, fue ejecutado a balazos en la colonia Brunet de Nanchital, a unos metros de donde ella se encontraba.Tras ese crimen, la organización CIMAC confirmó que Guzmán Ramírez se vio obligada a abandonar Veracruz por motivos de seguridad. En ese entonces trabajaba en el Diario del Istmo.
El historial de Fernández Escalante incluía un arresto en 2012 por posesión de armas de uso exclusivo del Ejército y droga, y un atentado en diciembre de 2015 del que sobrevivió tras recibir al menos tres impactos de bala. Las líneas de investigación sobre su muerte apuntaron a una posible venganza por viejas rencillas, sin vínculo establecido con la actividad periodística de Roxana.
El regreso y el medio que fundó
Años después de su exilio, Roxana Guzmán volvió a Veracruz en enero de 2026 y fundó Pulso Informativo del Sureste, también conocido como Pulso Nanchiteco. El medio digital sumó 19,000 seguidores en redes sociales en pocos meses.
El proyecto tenía un perfil hiperlocal: reportes ciudadanos, seguimiento a quejas comunitarias y cobertura de temas sociales, políticos y de seguridad en la zona sur del estado. En los días previos al secuestro, Guzmán Ramírez publicó textos sobre una denuncia ciudadana por la comercialización de huevos en mal estado y sobre las exigencias de una familia al ayuntamiento por gastos médicos derivados de un accidente con una camioneta oficial.Un compañero de la periodista declaró a Milenio que llevaba “dos o tres años” activa en el periodismo y que “en ningún momento nos dijo o nos platicó que había algo de ese tipo de temas”, en referencia a posibles amenazas.
El contexto nacional y las exigencias de los organismos
El asesinato de Roxana Guzmán ocurre en el país que Reporteros Sin Fronteras ubicó como la segunda nación más letal para la prensa en 2025, solo por detrás de Palestina. Ese año fueron asesinados 9 periodistas en México —la cifra más alta en tres años— y el país ocupó el segundo lugar mundial en desapariciones de comunicadores, con 28 casos.
Tras el secuestro, ARTICLE 19 México y Centroamérica exigió a la FGE Veracruz, al gobierno estatal y a la Comisión Estatal para la Búsqueda de Personas que implementaran acciones inmediatas. La organización pidió que la actividad periodística de Guzmán Ramírez fuera considerada línea prioritaria de investigación y que se aplicara el Protocolo Homologado de Investigación de Delitos contra la Libertad de Expresión.
CIMAC activó la Alerta Mujeres Periodistas y exigió la intervención de la FEADLE —la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión— y del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. La única excepción en el historial de denuncias de Roxana databa de 2019, cuando solicitó la intervención de la CEAPP por un presunto hostigamiento de una funcionaria municipal de Nanchital.